MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso, exigió al PP que explique a las 350.000 familias afectadas por la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa "por qué en 2003, teniendo la oportunidad de hacerlo, no consideró a estas empresas como financieras", excluyéndolas así del control por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Alonso señaló que se trata de la "mayor estafa de la historia de la democracia" y anunció también la intención de la UCE de personarse como causa penal, "en una acción colectiva única".
El presidente de la UCE en Asturias y a nivel nacional, que consideró que es el momento de realizar una valoración política de lo ocurrido, dijo que sólo el PP puede explicar la razón por la que ambas entidades fueron excluidas del control financiero en 2003 y se preguntó si "ha habido presión de estas empresas en el Parlamento para que se tomase esa decisión".
Alonso declaró también que, nada más conocer lo ocurrido, su organización se puso en marcha para ayudar a los víctimas de la estafa, "la mayor de la historia de la democracia", y anunció la intención de la UCE de personarse "en una acción colectiva única, con una única causa, en la Audiencia Nacional si los afectados así lo requieren". En este sentido, reclamó al Gobierno socialista que haga de la protección de los consumidores una de sus prioridades, pues en la actualidad España cuenta únicamente con 50 inspectores de consumo.
En cuanto a la ayuda a los afectados, señaló que ya ha solicitado al Gobierno y a los poderes públicos que "sean sensibles a la ley concursal", e incluso que se altere el orden de la misma, para que de esta forma "los clientes inversores, a la hora de liquidar los bienes tangibles, pasen a primer lugar y sean los primeros en recuperar sus inversiones".
UN PROCESO LARGO Y FARRAGOSO
El presidente de la UCE quiso dirigirse también a los afectados, a los que achacó un grado de responsabilidad ya que estos debían asumir el riesgo de invertir en dichas empresas, y consideró injusto que el conjunto de los españoles sean alos que, a través de los impuestos, "tengamos que garantizar la recuperación de dineros de personas que también tienen responsabilidades".
Aún así, Alonso les recomendó cautela y paciencia a la hora de actuar, así como prestar atención a todo aquello que se firma y no entregar documentación original, pues consideró que se trata de un proceso "lento, farragoso, muy complejo y largo en el tiempo, y la solución final no será ni fácil ni demasiado positiva para los afectados".
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