MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Al menos cuatro recursos tratarán de evitar en los tribunales el cierre de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) en 2013. Hoy vencía el plazo para recurrir la orden de 3 de julio del Ministerio de Industria por la que el Gobierno renueva la licencia de operación de la central hasta julio de 2013, en vez de los 10 años de operación solicitados, obligando así al cierre de la instalación en esa fecha.
El primero en presentar un recurso fue el titular de la planta burgalesa, Nuclenor (propiedad al 50 por ciento de Iberdrola y Endesa), que el pasado 14 de septiembre interpuso un recurso en la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, al considerar que existen "sólidas razones que avalan la continuidad" hasta 2019.
En ese contexto, Nuclenor considera que existen "sólidas razones que avalan la continuidad" en la operación de la central burgalesa hasta 2019 y subraya el informe favorable que de su "seguridad y fiabilidad" realizada por el Consejo de Seguridad Nuclear así como de cinco equipos de inspección de organismos internacionales en los últimos 12 años. Además, insiste en que la planta está "modernizada y actualizada" mediante fuertes inversiones anuales, "singularmente a lo largo de los últimos años" y que su equipo humano está "bien entrenado y fuertemente comprometido" con la seguridad.
Asimismo, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentó hoy un recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial ante el Tribunal Supremo, en vez de ante la Audiencia Nacional como Nuclenor. En rueda de prensa, uno de los abogados artífices del recurso, Juan Ortiz, explicó que la decisión se debe a que la denuncia de los minoritarios se centra en la forma en la que se decidió el cierre, mediante una orden ministerial, cuando desde su punto de vista debió haberse decidido a través de un real decreto fruto del visto bueno del Consejo de Ministros y, por ello, de una decisión política.
Esta segunda fórmula, explicó Ortiz, hubiese obligado a que el Gobierno se responsabilizase del pago de unas indemnizaciones que, si se calculan sobre la base del lucro cesante hasta 2021, la fecha de cierre propuesta por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), podrían ascender a 1.000 millones.
Al margen de estos posibles perjuicios, el recurso presentado hoy se centra en argumentar por qué Aemec tiene potestad para presentarse como parte interesada en el caso y por qué se acude al Supremo y no a la Audiencia. Una vez obtenida respuesta de esta instancia, la asociación, que dice representar a unos 85.000 accionistas, estudiará la posibilidad de pedir indemnizaciones para los minoritarios.
UNA ORDEN QUE "ENCUBRE" DECISIONES POLÍTICAS
"Una orden ministerial acordó el cese, pero de su contenido se deduce que el cierre fue por razones políticas y por el interés general", por lo que la fórmula empleada debió haber sido un real decreto, afirmó Ortiz, quien recordó que la propia Constitución establece que la política energética corresponde al Consejo de Ministros y al Gobierno, "y no al ministro correspondiente".
Para demostrar que "la orden ministerial es un aparato que encubre lo que debiera ser un real decreto", Aemec presenta ante el Supremo, entre otras pruebas, declaraciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, en las que se dice que la decisión fue "de todo el Gobierno" y de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró que la decisión se tomó "en el marco de la política energética y en cumplimiento de un compromiso del Partido Socialista".
Por su parte, el pasado 24 de septiembre, la Junta de Castilla y León presentó una interposición del recurso ante la Audiencia Nacional y, como el resto de demandantes, dispondrá de un plazo de 20 días para formalizar el recurso a partir de que este tribunal le traslade el expediente del ministerio de Industria. Además, cinco días más tarde el gobierno autonómico anunció oficialmente al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, su intención de presentar un recurso a la decisión de cierre. Igualmente, la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC) confirmó a Europa Press que el pasado viernes 2 de octubre interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional.
A este respecto, fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián señalaron a Europa Press en que la orden ministerial es "jurídicamente impecable", que la decisión es "técnicamente irreversible" y que, además, "no se contemplan indemnizaciones". No obstante, señalaron que están a la espera de lo que, ante estos recursos, dicte la justicia.
En el mismo contexto, el director de Comunicación de Nuclenor, Antonio Cornadó, instó a reclamar a quienes vean "perjudicados" sus derechos por esta situación. "Que hagan valer sus derechos. Esto es lo que está previsto por el ordenamiento", insistió y añadió que, en su opinión, "al final va a poner de manifiesto que la decisión tomada es mejorables".
