MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda considera que las directrices que recoge el plan de control tributario 2012, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), van en la dirección correcta, pero creen que son insuficientes para combatir eficazmente el fraude fiscal.
En un comunicado, los inspectores destacan que se trata de directrices "continuistas" y valoran que la lucha contra el fraude tenga "cierta estabilidad". En concreto, creen que poner el foco en la proliferación de facturas falsas es correcto y advierten de que en muchos casos están ligadas a los regímenes de estimación objetiva.
Por ello, apuestan por modificar el sistema de tributación en módulos, "que es un nido de facturas falsas", y estiman que esta medida del plan de control tributario no es suficiente.
Algo similar resaltan también respecto al Impuesto de Sociedades. Según los inspectores, las directrices incluidas en el plan evalúan correctamente diversos problemas de la tributación de las sociedades y de los individuos más adinerados, como la utilización de paraísos fiscales o la concentración abusiva de gastos financieros en empresas españolas. Sin embargo, creen que la actuación de la Agencia Tributaria nunca será suficiente para cubrir completamente estos "agujeros" legales.
REFORMA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
Así, confían en que estas medidas se traduzcan en la "imprescindible y urgente" modificación de la normativa del Impuesto de Sociedades, ya que es responsable de casi el 75% de la caída de la recaudación fiscal: más de 28.000 millones de euros.
Los inspectores de Hacienda indican que una de las cuestiones que más ha llamado la atención a la organización es la idea de solicitar el ingreso efectivo en prisión de aquellos condenados por delito fiscal, que siendo solventes, no hagan frente a sus responsabilidades.
Para ellos, esta medida es un reflejo evidente de que también es "necesaria y urgente" la reforma de la figura del delito fiscal que la Organización de Inspectores de Hacienda lleva pidiendo muchos años. "El delito fiscal debe ser la figura más disuasoria contra el fraude fiscal y su eficacia debe ser incuestionable. Sin embargo, en España hay más de 6.000 millones de euros denunciados en los tribunales penales pendientes de cobro", subrayan.
Por último, afirman que la lucha contra el fraude debe ser una "prioridad absoluta" en una situación presupuestaria "crítica", pero advierten de que el plan de control tributario no será suficiente si no se toman medidas adicionales, como reformas legales y, sobre todo, destinar más medios humanos y materiales para cumplir con el objetivo de reducir el fraude fiscal "en una situación económica que lo exige desesperadamente".
