El PSOE critica que desde que Montoro volvió a Hacienda se suceden "escándalos" que "antes no existían" y pide explicaciones sobre "qué está pasando" en la Agencia Tributaria
MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Administración Local del Ministerio de Hacienda, Rosana Navarro, ha asegurado este martes en el Congreso que ningún alto cargo del Gobierno ha trabajado, ni directa ni indirectamente, para la cementera mexicana Cemex y ha afirmado que tampoco se han reunido con responsables de la empresa, a la que la Agencia Tributaria (AEAT) investigó el año pasado por un presunto delito de fraude fiscal y acabó imponiéndole una multa de 450 millones de euros.
En la Comisión de Hacienda del Congreso, la diputada socialista Leire Iglesias ha preguntado a la secretaria general sobre el número de reuniones mantenidas por altos cargos del Gobierno con responsables de la multinacional durante este ejercicio así como si algún alto cargo o asesor del Ejecutivo ha realizado labores de consultoría o asistencia, directa o indirectamente, para la empresa.
Y es que el año pasado la Agencia Tributaria cesó a la inspectora que investigaba a Cemex y que había propuesto una sanción de 450 millones de euros por fraude, cuantía que finalmente se mantuvo pero tras la dimisión de dos altos responsables de la AEAT. "La pregunta es qué está pasando en la Agencia", ha señalado Iglesias, reclamando detalles sobre cualquier posible relación entre altos cargos de la Administración y la empresa para reducir la cuantía de la multa.
Navarro ha afirmado que "al Gobierno no le consta ninguna reunión" de altos cargos de la Administración con responsables de Cemex y ha remitido al Registro de Altos Cargos en la Oficina de Conflictos de Intereses, según el cual "ninguno ha trabajado ni directa ni indirectamente mediante consultoría o asistencia" para la multinacional mexicana. No obstante, no ha hecho referencia a los asesores del Ejecutivo, detalle que le ha hecho notar la diputada socialista.
SANCIONES A GRANDES CONTRIBUYENTES
A renglón seguido, ha recordado que la Ley General Tributaria, de 2003, y el Reglamento del Régimen Sancionador Tributario, de 2004, establecen el procedimiento concreto de sanción por irregularidades tributarias. En este sentido, se diferencia "claramente" entre el órgano que instruye el expediente y el que impone la sanción, lo que permite que la multa final difiera de la propuesta inicial.
Y es que cuando los inspectores detectan una acción susceptible de ser sancionada, formula una propuesta de resolución. Ésta se notifica al interesado para que pueda presentar alegaciones y, a la vista de éstas, el órgano instructor remite al órgano competente para imponer la sanción su propuesta, que puede ser modificada "si concurren las causas regladas taxativamente en el Reglamento".
Por otra parte, la secretaria general de Administración Local ha indicado que el año pasado la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria incoó 1.838 expedientes sancionadores por un importe total de 656 millones de euros a estos grandes contribuyentes, incluyendo los expedientes de las áreas de Gestión e Inspección financiera y Tributaria, pero no los de delito contra la Hacienda pública.
Finalmente, Navarro ha defendido que "frente al oscurantismo" existente en este ámbito, el Ejecutivo del PP está "luchando por llevar a cabo una actitud y una normativa de transparencia" para "garantizar el cumplimiento de todas las normas que le corresponden, mejorar las leyes, evitar la dispersión normativa y mejorar la eficacia".
"Otorgamos gran importancia a que los altos cargos actúen con total honradez y ejemplaridad, y a que exista un marco claro y legal donde se desenvuelva esa actitud responsable y honorífica de los altos cargos, que garantice el cumplimiento correcto de sus responsabilidades, obligaciones y limites", ha insistido, citando como ejemplos de este compromiso con la ejemplaridad de los cargos públicos tanto la Ley de Transparencia como el proyecto de ley regulador del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado --actualmente en tramitación-- que incluye nuevas exigencias y refuerza las incompatibilidades.
AMPARO A LA MESA
Por contra, Iglesias ha criticado la "falta de transparencia" que caracteriza al actual Ejecutivo, que no contesta en plazo, o lo hace de forma incompleta, a las preguntas de la oposición, y ha llegado a "pedir amparo a la Mesa" de la Comisión ante las respuestas orales de la secretaria general por su "falta de concreción".
Y es que el PSOE había presentado "cuatro preguntas muy concretas" sobre el caso Cemex, para saber exactamente la relación de los cargos de confianza del Ministerio de Hacienda, de forma directa o indirecta, con la empresa, particularmente de los asesores, que no tienen que hacer públicas sus declaraciones laborales como sí sucede con los altos cargos.
Asimismo, la diputada extremeña ha puesto en cuestión que el Gobierno no haya mantenido ninguna reunión con Cemex, dado que el pasado verano la empresa anunció que aumentaría su presencia en España. "¿El Gobierno no ha mantenido ningún contacto con la cementera, pese a lo que su anuncio puede suponer de creación de empleo y dinamización económica? Más allá de los expedientes sancionadores, ¿no ha habido ningún contacto, formal o informal, con la empresa?", ha insistido en preguntar.
Iglesias también ha reclamado explicaciones sobre qué "criterios" aplica la Dirección de la Agencia Tributaria para "rebajar las cuantías" de las sanciones que proponen los inspectores, y que les "impiden hacer su trabajo", así como cuántas veces ha sucedido. "No sería muy razonable pensar que para que un inspector lleve a buen término su gestión tenga que haber una serie de dimisiones en cadena", ha señalado, recordando que en el caso de Cemex no sólo se cesó a la inspectora sino que también dimitieron el jefe de su departamento y el 'número dos' de la Agencia.
Unos "escándalos" que "antes no existían" y que desde que el PP llegó al Gobierno "no dejan de producirse", ha insistido la diputada, recordando también que en los dos años y medio que van de legislatura se han producido "más de 300 sustituciones" y que en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) también "se está produciendo un tremendo oscurantismo".
"¿Qué está pasando con la Agencia Tributaria? Desde que Cristóbal Montoro volvió al Ministerio de Hacienda no dejan de producirse escándalos en la gestión de las sanciones a los grandes contribuyentes, mientras los ciudadanos no parece que estén exentos de sus obligaciones tributarias. Que haya una cierta falta de transparencia en el control parlamentario es grave, pero que la haya en el control del fraude es gravísimo, y es lo que estamos viendo que ha pasado con Cemex", ha concluido.
