MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que la previsible aprobación de un nuevo impuesto digital 'unilateral' en España no es una medida "demasiado razonable" ni "técnicamente muy deseable" porque generará efectos de deslocalización, recomposición de grupos y cambios de estructuras.
Así lo ha advertido el investigador asociado en Fedea, Jorge Onrubia, durante la presentación del trabajo 'Declaración de Sociedades 2018', elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas (CGE).
"La solución de cada uno haciendo la guerra por su cuenta no es una medida demasiado razonable", ha manifestado Onrubia, quien ha avisado de que la imposición de un tributo únicamente en España generará "efectos de deslocalización, recomposición de grupos y cambios de estructuras".
Aunque ha señalado que conlleva una mayor recaudación, Onrubia ha indicado que un impuesto a los servicios digitales solo en España "no es técnicamente muy deseable". En este sentido, ha recordado el "compromiso" de Francia y Reino Unido de retirar sus medidas "unilaterales" si se alcanza un acuerdo en el ámbito de la UE, algo que ve "difícil", o como cree más probable en el ámbito de la OCDE, específicamente en lo referido al G-20.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que aprobó ya el pasado mes de enero y cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales.
El nuevo tributo gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, el impuesto aprobado en enero gravaba el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
De esta forma, el impuesto se dirige a las plataformas que ponen en contacto al que ofrece servicio y al que lo adquiere, pero no al que genera el producto. El Gobierno estimó una recaudación de 1.200 millones de euros con este tributo que pretende volver a reactivar.
