MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) - El Gobierno ha elaborado el plan presupuestario de 2019, que este mismo lunes enviará a Bruselas, con un déficit público del 1,8% del PIB, a pesar de que el PP y Ciudadanos han bloqueado en el Congreso la tramitación parlamentaria de la eliminación del veto del Senado a la nueva senda presupuestaria. Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que si no se aprueban los nuevos Presupuestos para el año que viene, el déficit público se situará en el 2,2% del PIB por la propia inercia económica, por tanto, cuatro décimas por encima del 1,8% planteado por el Gobierno. No obstante, Montero indicó que el Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 con la senda de déficit que esté aprobada a finales de noviembre o principios de diciembre, ya que el impacto de dicho objetivo en las cuentas de la Administración Central no es muy significativo. En este sentido, dijo que si el nuevo objetivo de déficit para 2019 del 1,8% aún no está aprobado, se harán las cuentas públicas con el objetivo del 1,3% aprobado por el Gobierno del PP, ya que el techo de gasto, que contempla un incremento del 4,4%, no es necesario modificarlo porque el impacto en las cuentas del Estado no es muy grande. No obstante, apremió a los grupos parlamentarios a que agilicen la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley Presupuestaria, que elimina el veto del Senado a la nueva senda de déficit y permite aprobar el nuevo objetivo de déficit del 1,3% propuesto por el actual Gobierno. "Estamos trabajando para impulsar la reforma, y lo que pedimos es que se acelere esta reforma (de la Ley de Estabilidad Presupuestaria), ya que se está usando la mayoría de la Mesa del Congreso para no tramitar esa reforma", afirmó la ministra, quien añadió que a finales de noviembre o principios de diciembre, los Presupuestos de 2019 entrarán en el Congreso con la senda que en ese momento esté en vigor, al tiempo que confió en que en algún momento esté aprobada la nueva senda y pueda recogerse así en los Presupuestos. Según Montero, el problema más acuciante es para las comunidades autónomas, ya que actualmente están elaborando sus Presupuestos con la senda anterior, lo que supone un merma de ingresos para servicios públicos como sanidad, educación o dependencia. En todo caso, afirmó que el plan presupuestario que este lunes se remitirá a Bruselas se hará con el ajuste estructural del 0,4% del PIB acordado con Bruselas previamente. Junto con el déficit del 1,8% para este año, la senda presupuestaria aprobada por el Gobierno contempla un déficit del 1,1% para 2020 y del 0,4% 2021. Por su parte, la deuda pública bajará al 98,1% del PIB registrado a finales de 2017 hasta el 95,5% a cierre de 2019. Para la ministra de Economía, Nadia Calviño, sanear las cuentas públicas de España pasa por reducir necesariamente la deuda, y añadió que la deuda pública bajará en 2018 y 2019 "prácticamente el doble" que en el periodo 2015-2017 y no sólo por el efecto del ciclo económico. En cuanto a las medidas fiscales que contendrán los nuevos Presupuestos, el Gobierno prevé elevar en 5.678 millones de euros la recaudación con las nuevas medidas tributarias acordadas con Unidos Podemos en el acuerdo presupuestario alcanzado con esta formación política. De este importe de mayor recaudación, 4.489 millones irán al presupuesto del Estado, y el resto a la Seguridad Social y las cuentas autonómicas. Las medidas adoptadas sobre el Impuesto de Sociedades (limitación de exenciones y la tributación mínima) serán las que aporten la mayor cuantía, en total, 1.776 millones de euros, si bien la rebaja del tipo para pymes detraerá 260 millones. Le sigue el impuesto sobre Servicios Digitales, con el que prevé recaudar 1.200 millones de euros. El impuesto sobre las transacciones financieras aportará 850 millones de euros, mientras que el incremento del IRPF a las rentas muy altas generará una recaudación de 328 millones. El impuesto al diésel elevará la tributación en 670 millones de euros, y el incremento de impuesto de Patrimonio generará 339 millones, mientras que la rebaja del IVA detraerá 53 millones de euros. Asimismo, la ministra Montero ha señalado que las medidas de lucha contra el fraude fiscal (actualización de la lista de paraísos fiscales, limitar el pago en efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea un profesional y rebaja a 600.000 euros del importe de la deuda para ser incluido en la lista de morosos, entre otras) permitirán ingresar en conjunto 828 millones de euros. Estas medidas antifraude, ha precisado la ministra, se recogerán en una ley que se presentará en breve en forma de anteproyecto de ley. Según la distribución de ingresos y gastos recogidos en las cuentas, los segundos superarán a los ingresos en 32.950 millones en 2018, brecha que se reducirá a 22.223 millones el año próximo. Así, los gastos crecerán tanto este año como el próximo un 3,1%, mientras los ingresos lo harán un 5,7%. La mejora de la recaudación prevista y la contención del gasto permitirá que el techo de gasto se sitúe en 125.064 millones de euros, con un aumento del 4,4%. Junto con el incremento de ingresos por las medidas fiscales adoptadas, el total de aumento de ingresos en 2019 ascenderá a 11.724 millones de euros, de los que 6.413 millones vendrán por la mejora del ciclo económico, 3.811 millones por la aprobación de las nuevas figuras impositivas y 1.500 millones por ingresos no tributarios. Este incremento permitirá elevar el techo de gasto en 5.230 millones de euros, un 4,4% más, de los que 1.992 millones se corresponden con los nuevos compromisos de gasto anunciados por este Gobierno, y 3.238 millones derivan de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo del PP, como el incremento del sueldo de los funcionarios. Por último, Montero apuntó que las negociaciones con el resto de los grupos parlamentarios para buscar el apoyo a los Presupuestos comenzarán en breve y que el primer partido con el que se sentarán será con el PNV, que es quien se ha mostrado "más sintonizador" con estas medidas, si bien afirmó que no van a excluir a ningún grupo, salvo a los que ya se han "autoexcluido", en referencia al PP y Ciudadanos. "Me resulta difícil pensar que algún partido que sólo piense en el interés general se oponga a estas medidas, porque son buenas para las personas, porque sanean el déficit inercial previsto, porque mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y porque permiten cumplir con nuestras obligaciones fiscales", subrayó la ministra. Dicho esto, Montero afirmó que si fruto de las negociaciones con los demás partidos, aparece cualquier cuestión que pueda afectar a las medidas pactadas con Podemos, el Gobierno tratará de coordinarse con el partido morado y "evidentemente" contar con su "visto bueno" ante cualquier posible modificación, algo de lo que no se ha mostrado muy partidario el partido de Pablo Iglesias.
