BRUSELAS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que los jueces de los Estados miembros no deben dejar de aplicar las reglas nacionales sobre prescripción de delitos de fraude de IVA con objeto de proteger los intereses financieros de la UE si al hacerlo se vulnera el principio de legalidad de los delitos y las penas.
La sentencia del TUE, conocida este martes, se pronuncia sobre el caso de dos ciudadanos italianos acusados de fraudes graves en materia de IVA que podrían quedar impunes si se aplican las reglas del Código Penal italiano en materia de prescripción.
Por contra, ambos procedimientos podrían desembocar en condenas si se dejase de aplicar el plazo de prescripción sobre la base de una sentencia anterior del TUE que dictó que los órganos nacionales competentes deben garantizar la eficacia de las reglas europeas "dejando si es preciso sin aplicación las normas de prescripción".
El Tribunal Constitucional de Italia ha expresado dudas sobre la compatibilidad de la conclusión de esta sentencia, conocida como 'sentencia Taricco', con los principios superiores del ordenamiento constitucional italiano y el respeto de los derechos inalienables de la persona. En concreto, cree que podría menoscabar el principio de legalidad de los delitos y penas, que exige que las disposiciones penales se determinen con precisión y no puedan ser retroactivas.
El tribunal con sede en Luxemburgo ha señalado en su sentencia, que ha seguido un procedimiento acelerado, que el principio de legalidad de delitos y penas "reviste una importancia esencial tanto en los Estados miembros como en el ordenamiento jurídico de la UE". Por ello, afirma que la necesidad de garantizar que los recursos de la UE se perciban de forma eficaz "no puede ir en contra del principio de la legalidad de los delitos y las penas".
Por tanto, el TUE ha concluido que, cuando un juez nacional, en procedimientos que afecten a personas acusadas de haber cometido infracciones en materia de IVA, considera "que la obligación de aplicar los principios enunciados en la mencionada sentencia vulnera el principio de legalidad, no debería cumplir dicha obligación", incluso "aunque su respeto permitiera subsanar una situación nacional opuesta al Derecho de la Unión".
