MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha desestimado los miles de recursos presentados por los productores fotovoltaicos en contra de los recortes de primas aplicados por el Gobierno hasta que las liquidaciones mensuales sean firmes y no provisionales como ahora, según el auto dictado el pasado 15 de diciembre, al que tuvo acceso Europa Press.
El auto concluye que las liquidaciones definitivas -que tardarán cerca de dos años- son "las únicas susceptibles de impugnación", ya que se trata de "liquidaciones a cuenta de la definitiva anual, razón por la que no se consideró la posibilidad de impugnación autónoma o independiente de la definitiva".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estima así las alegaciones presentadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) frente a los recursos de los fotovoltaicos por el concepto de tarifa regulada correspondiente a los meses de enero y marzo de 2011 liquidadas por el nuevo régimen retributivo para estas instalaciones.
La Audiencia Nacional concluye que las liquidaciones provisionales que estableció el Sistema de Liquidación dispuesto por el Real Decreto 2017/1997 "no ha sido alterado" por el Real Decreto 14/2010, aprobado por el Gobierno socialista, que recortó las primas a las fotovoltaicas para acabar con el déficit de tarifa del sector eléctrico.
Por su parte, los fotovoltaicos se oponían al recorte al considerar que las liquidaciones se devengan mes a mes hasta que se cubra el número de horas límite que prevé el Real Decreto Ley de corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
Por su parte, el responsable del despacho Brenes Asociados, Juan José Brenes, que representa a cerca de 1.600 productores fotovoltaicos, explicó a Europa Press que con esta decisión la Audiencia Nacional "retrasa la resolución del problema, no da una repuesta clara y crea incertidumbre en el sector".
El abogado consideró que los tribunales han aceptado "la estrategia dilatoria" de la CNE y anunció que seguirán adelante con las acciones judiciales en defensa de los intereses de los productores fotovoltaicos para que la Justicia resuelva sobre el fondo de la cuestión y, en particular, sobre la "dudosa constitucionalidad" del real decreto ley 14/2010.
