MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Ebro Puleva anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que condenó a la empresa como responsable civil subsidiario por el fraude de Azucarera Ebro cometido en las campañas azucareras entre 1996 y 1999, conocido como el 'caso del Azúcar', según anunció la compañía en un comunicado.
La empresa considera que el dictamen, dictado el pasado 26 de noviembre, "no se ajusta a derecho" y tampoco "corrige los defectos apreciados por el Tribunal Supremo y que ordenó subsanar a la Audiencia Nacional".
El Alto Tribunal estimó en sentencia de 15 de diciembre de 2006 los recursos de casación planteados por la empresa y los acusados por quebrantamiento de forma en la primera sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional de 2 de febrero de 2005, anuló el dictamen y ordenó su subsanación.
El Grupo Ebro Puleva explicó que "mantiene íntegramente provisionados los efectos económicos que se derivan del presente procedimiento, por lo que la notificación de una nueva sentencia no tendrá ningún efecto en las cuentas consolidadas del Grupo para el año 2008".
La Audiencia Nacional revisó su sentencia dictada en febrero de 2005 y condenó a 12 antiguos directivos de Azucarera Ebro a penas de prisión de entre los nueve años y nueve meses, y un año y nueve meses por delitos contra la Hacienda de la Comunidad Europea y falsedad documental, y consideró a la empresa responsable civil subsidiaria del fraude.
El 'caso del Azúcar' juzgó a los directivos de las antiguas sociedades Ebro Agrícolas y Azucarera de España y la resultante de la fusión de ambas, Azucarera Ebro, por tratar de ocultar la sobreproducción de azúcar mediante movimientos ficticios entre las distintas fábricas durante las tres campañas azucareras que van de 1996 a 1999.
Por otro lado, Ebro Puleva también informó de que recientemente el Tribunal Supremo notificó diversas sentencias en el orden contencioso administrativo sobre Azucarera Ebro que fueron favorables y con una cuantía procesal de cerca de 6,7 millones de euros, y una desfavorable en 0,8 millones de euros. Contra estas sentencias no cabe recurso alguno.
