MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Barclays España, Carlos Martínez de Campos, comparecerá este lunes ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid en una vista de medidas cautelares en la que se decidirá la mulidad de los acuerdos societarios por los que Barclays Reino Unido se hizo con el 100% de su matriz española en diciembre de 2011.
La demanda parte de un accionista minoritario que acusa a la matriz de Barclays y al consejo de administración de su filial española de incumplir la Ley de Sociedades de Capital con este acuerdo, por el que se amortizaron las 770.000 acciones de los minoritarios al valor nominal (1,5 euros) con el voto único de los mayoristas.
El juez estudiará la petición de declarar inulos los acuerdos de amortización de títulos de los minoritarios, aprobados en la junta general extraordinaria del pasado 12 de diciembre sin los votos de estos accionistas, lo que va contra los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital.
Los minoritarios denuncian que la amortización de acciones de los pequeños accionistas a valor nominal se hizo sin tener en cuenta el desembolso por sus respectivas acciones y que la agrupación de accionistas con el socio mayoritario fue contraria a la ley, porque "mantienen intereses contrapuestos".
El demandante acusa a los responsables de la entidad de "maquinar un plan" para reunir todas las acciones de los minoritarios y agruparlas a los títulos del socio mayoritario Barclays Bank PLC (matriz en Reino Unido) con el objetivo de que éste tuviera más del 50% del capital del grupo para imponer su ley en la votación.
La matriz Barclays Bank PLC se hizo con el 100% de las acciones de su filial española Barclays Bank, S.A. al adquirir el 0,08% que le faltaba en propiedad de los minoritarios por 1.155 millones de euros tras una reducción de capital.
Por su parte, fuentes de Barclays evitaron hacer comentarios sobre el proceso judicial. Sin embargo, la entidad siempre ha mantenido que la adquisición el 100% de la filial española se hizo por un requerimiento de la autoridad financiera del Reino Unido (FSA) y que la operación se hizo con el visto bueno del Ministerio de Economía español.
Además del proceso mercantil, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha imputado a Barclays Bank PLC y a Barclays Bank, S.A., por un presunto delito societario cometido con este acuerdo que expulsó a los accionistas minoritarios.
El juez ha citado a declarar como imputados a los representantes legales de ambas entidades el próximo 19 de abril, admitiendo así por primera vez en España una querella por responsabilidad penal de un gran banco como persona jurídica, según introdujo el nuevo Código Penal en diciembre de 2010.
