MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad los proyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de contratación en sectores estratégicos como la energía o los transportes, textos que se remiten al Senado para su aprobación definitiva.
La nueva norma general de contratación del Sector Público, que surge de la necesidad de adaptar este ámbito a la normativa europea, sustituirá a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y pretende garantizar la concurrencia entre licitadores de distintos Estados miembros y arbitrar la posibilidad de incluir criterios medioambientales y sociales en la adjudicación de contratos.
En el transcurso del debate en la Comisión de Administraciones Públicas sobre un el total de 335 enmiendas parciales presentadas a este proyecto de Ley, la diputada socialista Elisenda Malaret subrayó la importancia del mismo para el funcionamiento de la economía, así como su complejidad técnica que a su juicio, ha provocado "su escasa trascendencia mediática".
Así, hizo referencia a los numerosos acuerdos alcanzados a partir de las propuestas de los distintos grupos parlamentarios y señaló "restricciones" que considera "razonables" debido a que son las relacionadas con la Unión Europea para "respetar marco las directivas comunitarias".
Además, añadió otro tipo de restricciones con las que se han encontrado las formaciones en la negociación, como las relativas al estado autonómico. Aseguró que las enmiendas transaccionales entre los diferentes grupos se han formulado en coherencia con estas limitaciones.
"COHERENCIA" CON LA ESTABILIDAD EUROPEA.
En la misma línea, concretó un paquete de enmiendas dedicado a llevar a cabo "compras públicas en coherencia con postulados de Comercio Justo" así como otra batería de propuestas relativas a la revisión de precios, acuerdos que, a su juicio, son coherentes "con un marco económico de estabilidad, propiciado por la estabilidad europea".
Respecto a los acuerdos alcanzados sobre el tema del "precio cerrado", subrayó su aportación "importante para la concurrencia entre empresas" y su función "'equilibradora'". Asimismo, se refirió a pactos alcanzados en materia de subcontratación y en garantías de licitación según los principios comunitarios de competencia e igualdad.
En la misma línea, la totalidad de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso aprobó también el proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que incorpora propuestas específicas relativas a estos sectores estratégicos.
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