MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La subdirectora General de Estrategia, Clientes y Canales Alternativos de Grupo Mutua Propietarios, Laura López Demarbre, sostiene que la futura Ley de Vivienda "genera mucha controversia en torno a su gestión y grandes dificultades a la hora de legislar", ya que se trata al mismo tiempo de "un derecho y un activo".
López Demarbre se apoya en las conclusiones del informe "Percepciones de la nueva Ley de Vivienda", elaborado por el Grupo Mutua Propietarios para conocer la opinión de los ciudadanos sobre esta normativa.
De este estudio se desprende que el 54% de los ciudadanos cree necesaria una normativa que regule el derecho a la vivienda, si bien dos de cada tres consideran que la Ley de Vivienda será poco o nada útil y no solucionará los problemas actuales.
No obstante, en el caso de los inquilinos encuestados, el 68% ve necesaria la ley, mientras que este porcentaje se reduce a un 51% en el caso de los arrendadores.
Grupo Mutua Propietarios también encuentra diferencias entre edad y la ocupación. Así, son los jóvenes y quienes viven de alquiler los más favorables a la norma. Por el contrario, los detractores se encuentran entre los jubilados, que en mayor medida son arrendadores o disponen de más inmuebles.
Entre las medidas que más respaldo encuentran están los beneficios fiscales a propietarios, apoyada por un 66% de los encuestados, seguida de la limitación de las subidas del alquiler, para un 64%, la protección ante los desahucios, para un 62%, y el aumento de impuestos a las viviendas vacías, para un 39%.
La encuesta también pregunta por el impacto de la Ley en el mercado. El 51% de los españoles encuestados cree que lo más posible es que una de las principales consecuencias sea la retirada de viviendas del mercado de alquiler y un 44% cree que lo menos probable es que se amplíe el mercado de vivienda de alquiler social y asequible.
De nuevo se presentan diferencias de opinión entre inquilinos y arrendadores, ya que son estos últimos quienes manifiestan que la Ley provocará una bajada del mantenimiento de las viviendas en alquiler por parte de los propietarios.
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