SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) María del Carmen Martínez ha anunciado que esta semana preguntará en el Congreso de los Diputados "qué medidas plantea el Gobierno central para garantizar la mano de obra agraria en Andalucía" teniendo en cuenta la previsión que los agricultores tienen que hacer para la contratación de personal en determinadas cosechas que "desde hace más de diez años precisan de los servicios de temporeros extranjeros".
En un comunicado, Martínez ha precisado que según el real decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros con medidas urgentes para el sector agrícola en materia de empleo "no se contempla la necesidad de mano de obra extranjera en España". Sin embargo, y según ha apuntado la diputada naranja, "desde la Unión Europea sí se ha establecido una excepción a la restricción de movimientos, quedando exentos los temporeros agrícolas procedentes de países de fuera del bloque".
La diputada andaluza ha aclarado que "es común en los países de la Unión Europea, también incluida España, recibir temporeros desde países que no se encuentran en el territorio europeo para poder cubrir determinadas cosechas agrícolas".
En el caso de Andalucía, Martínez ha puesto como ejemplo las provincias de Huelva y Jaén de las que "se precisa la contratación de temporeros para las campañas de la fresa y frutos rojos en la provincia onubense, o la recolección de aceitunas en Jaén". "La falta de mano de obra como consecuencia del estado de alarma y la imposibilidad de la movilidad tanto en el territorio español como entre países va a provocar la pérdida de múltiples cosechas y de ingresos en Andalucía", ha subrayado Martínez.
Ante la "pasividad" que ha mostrado al respecto el Gobierno de Pedro Sánchez, según la diputada nacional, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha "la cantidad de 2,3 millones de euros en ayudas extraordinarias para ayuntamientos en cuyos municipios existen asentamientos conformados mayoritariamente por personas de origen inmigrante". Unas ayudas que se incluyen en un decreto ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia del Covid-19.
