Compromís pide al Gobierno regularizar a migrantes irregulares que no dispongan de padrón en zonas afectadas por la dana

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha pedido este martes al Gobierno que regularice también a aquellas personas migrantes en situación irregular que no dispongan de padrón municipal y se hayan visto afectadas por la dana que asoló Valencia el 29 de octubre del año pasado. El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy la regularización hoy de 25.000 ciudadanos extranjeros que no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo como consecuencia de las inundaciones.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Águeda Micó ha calificado de "muy buena noticia" la regularización de los migrantes que sufrieron los efectos de la dana en Valencia y que "las personas afectadas que viven allí, que trabajan allí, puedan cobrar las ayudas como cualquier vecino y vecina de las zonas afectadas", algo que "ha pasado otras veces, como por ejemplo con los afectados del 11-M", los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004, en Madrid.

En este sentido, la portavoz de Compromís ha hecho hincapié en que "los agentes sociales dicen que hay unas 40.000 personas en las zonas afectadas, migrantes, que están en una situación irregular y que posiblemente no puedan usar el padrón municipal como requisito para esta regularización". "Lo que le pedimos también al Gobierno es que tenga en cuenta cualquier otro requisito en el que se pueda comprobar que estas personas realmente viven en las zonas afectadas y puedan entrar dentro de la regularización para que realmente sea efectiva para todas las personas migrantes que viven en las zonas afectadas por la dana", ha concluido la diputada.

La autorización del Ejecutivo tendrá una vigencia de un año y habilitará a estas personas para residir y trabajar en España. Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo máximo de tres meses desde la vigencia de estas instrucciones. Cuando caduquen, las personas podrán solicitar la modificación de esa autorización a una de las autorizaciones previstas en el Reglamento de Extranjería.

En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana, la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas tendrá una vigencia de cinco años. El objetivo principal, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es "proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida".

ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD O SALUD PÚBLICA

Asimismo, han explicado que se prorrogarán y renovarán automáticamente las autorizaciones de estancia por estudios y las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo cuya vigencia expire entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025 a los extranjeros residentes en los municipios afectados. Si bien, han añadido que solo podrán ser denegadas por razones de orden público, seguridad o salud pública.

También han avanzado que se facilitarán las autorizaciones de residencia y trabajo que dependieran de estar dado de alta en la Seguridad Social, entendiendo que algunos empleadores no hayan podido cumplimentar el trámite a consecuencia de la dana. "Cobrarán eficacia desde el momento de su resolución por la Oficina de Extranjería", han subrayado.

Igualmente, han dicho que se resolverán de forma favorable todas las solicitudes de autorización inicial de residencia y/o trabajo y de renovación, modificación o prórroga de las mismas que estuvieran en trámite cuando sucedió la dana y, como consecuencia de la catástrofe, hubieran dejado de cumplir con alguno de los requisitos. Salvo, de nuevo, si concurren razones de orden público, seguridad y salud pública.

Además, fuentes del Ministerio han señalado que se podrá conceder una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas a aquellas personas extranjeras y sus familiares que tuvieran su domicilio en alguno de los municipios afectados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 y, que no fueran titulares de una autorización de residencia.

Según entidades sociales de la Comunidad Valenciana, actualmente, tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos --como contrato de trabajo o de alquiler o cuenta bancaria--, que "excluyen a las aproximadamente 40.000 vecinas y vecinos de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular, uno de los colectivos con mayor desprotección social".

Finalmente, preguntada sobre la situación de la solicitud de comisión de investigación por la gestión de la dana que Compromís registró junto a Sumar, Podemos, ERC y Junts, Águeda Micó ha explicado que la Mesa del Congreso les ha instado a "modificar el contenido de la misma, otra vez, por segunda vez, por una cuestión de las competencias que tienen las comunidades autónomas y los parlamentos autonómicos en sus territorios".

"Necesitamos esta comisión de investigación porque esta sí que va a ser una comisión imparcial, una comisión que va a tener contrapesos políticos, porque aquí no hay mayorías parlamentarias, y, por tanto, esto asegurará que en esta comisión se puedan tratar todas las cuestiones relativas a la responsabilidad política de todos los actores implicados de una forma mucho más franca y más honesta que en las comisiones de investigación de Les Corts Valencianes y del Senado", ha zanjado.