MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, dirigió hace una semana cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados.
Aunque, por el momento, el Defensor no se ha pronunciado sobre la situación en Ceuta y Melilla, donde han entrado 8.000 personas de forma irregular, de los que las instituciones locales calculan que hay más de un millar de menores, la institución ya había expresado en varias ocasiones su preocupación por la situación de los menores extranjeros solos en Ceuta y Melilla, y recientemente había centrado el foco en Canarias.
En concreto, Fernández Marugán pidió la semana pasada al Ministerio de Derechos Sociales que elabore "el plan estratégico plurianual para la integración de los menores extranjeros no acompañados previsto en la Ley de Extranjería".
A juicio de la Institución, este plan debe tener en cuenta la identificación ágil de las necesidades de protección internacional; la detección de potenciales víctimas de trata; el procedimiento que se sigue para la determinación de la edad; la documentación de su residencia legal y la integración sociolaboral una vez que alcancen la mayoría de edad.
Fernández Marugán también recomendó al Gobierno que en el próximo programa del Fondo de Asilo Migración e Integración europeo (FAMI) establezca como línea de actuación preferente las acciones necesarias para la identificación, acogida e integración de los menores extranjeros no acompañados en general y, en particular, para la identificación y protección especializada de aquellos que tengan necesidades de protección internacional o presenten indicios de trata.
También le reclamó que impulse, en coordinación con el resto de organismos competentes en la materia, las medidas necesarias para conseguir que el Registro Central de Menores extranjeros no acompañados funcione correctamente. En este sentido, el Defensor lleva años denunciando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección de menores autonómicas y los que ofrece el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
