MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las personas migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan a "innumerables obstáculos y dificultades" en el acceso a una cuenta de pago básica "debido a las prácticas llevadas a cabo por las entidades bancarias, que incumplen de manera reiterada la normativa actual", según denuncia la responsable del área de Incidencia política de Red Acoge, Natalia Slepoy, en declaraciones a Europa Press.
"Supone no poder ingresar una nómina, un impedimento para poder acceder a un empleo, no poder domiciliar pagos de la luz o de gas, se trata de cuestiones básicas", asegura.
Este es el caso de Fathi, un marroquí víctima de exclusión financiera, que pasó cuatro meses durante el 2023 sin tener su cuenta bancaria activa. Según explica en declaraciones a Europa Press, él disponía de una cuenta abierta con una entidad bancaria desde hace más de tres años y, sin previo aviso, se la bloquearon. "El Gobierno me denegó el asilo primero. Cuando esto sucedió, el banco me bloqueó la cuenta sin avisarme", afirma.
Asimismo, añade que, en ese tiempo, no podía cobrar la nómina, que su jefe le tuvo que pagar en mano durante dos meses, mientras el resto del tiempo algunos amigos le dejaron su cuenta. "He sufrido mucho porque tenía que pagar cosas desde el banco y no podía porque tenía bloqueado todo. Me dejaron colgado", lamenta.
Igualmente, denuncia que cuando fue el primer día a abrir la cuenta le adjuntaron un seguro de vida sin decirle nada. "Me lo clavaron ahí. Cuando pasó el mes, vi que me habían cobrado casi 20 euros. Fui a reclamarlo y me dijeron que era obligatorio, cuando no era así. Ven que eres de fuera, que no hablas bien y te engañan", asegura.
Por otro lado, Elizabeth (nombre ficticio), una joven venezolana, señala que, a su llegada a España, intentó abrir una cuenta de pago básica en una entidad bancaria y que, aunque en un primer momento no le pusieron ningún problema, tardó dos meses en recibir su tarjeta, que llegó "bloqueada". "Me dijeron que las personas venezolanas se consideraban de alto riesgo para el banco en relación a la procedencia del dinero", precisa.
Posteriormente, manifiesta que le pidieron que consignase varios documentos bancarios para continuar el proceso, pero que, finalmente, le denegaron la apertura de la cuenta.
ONG PIDEN "RESPONSABILIDAD SOCIAL" A LOS BANCOS
Con el objetivo de visibilizar esta situación, Red Acoge, junto con la Asociación Rumiñahui, Andalucía Acoge, La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Movimiento Por La Paz y Provivienda han impulsado la campaña 'Cuentas pendientes'. "Reclamamos que las entidades financieras tienen una responsabilidad social que deben cumplir, que deben reconocer, que deben garantizar un derecho que está reconocido", destaca Slepoy.
En este sentido, explica que, desde las asociaciones, consideran que "la normativa tiene que ser clarificada". Además, también creen que "es importante que se verifique que las personas que están residiendo en España, sea cual sea su situación administrativa, deben tener acceso a este producto financiero, porque así es como está establecido en la directiva europea".
En todo caso, Slepoy precisa que, a pesar de que consideran que la normativa puede "mejorar", no es el "obstáculo principal". "Lo identificamos en las propias entidades bancarias, que no les interesa tener un producto que no tiene una gran rentabilidad y es cuando ponen los obstáculos, porque señalan que está en contraposición con la ley de blanqueo de capitales y la aplican de forma preventiva, sin que poder hacer un estudio de los ingresos y los fondos de esa persona", critica.
PERSONAS DE NACIONALIDAD SIRIA O IRANÍ, CON MÁS "OBSTÁCULOS"
En esta misma línea, afirma que "a determinadas nacionalidades se les ponen más obstáculos para abrir una cuenta". Es el caso de personas que provienen de Siria o de Irán. "Aplican de manera preventiva una legislación que, en realidad, tiene que aplicarse cuando la cuenta ya está abierta, para determinar si hay un riesgo de blanqueo de capitales o no", añade.
Asimismo, Slepoy agrega que a estas personas se les "obliga" a contratar otro tipo de productos financieros, "como seguros de vida o demás, que tienen un alto coste y que en realidad no están contemplados en la legislación".
Por ello, desde las entidades sociales hacen un acompañamiento personal, en el que explican a las personas afectadas por esta problemática cuál es la legislación. "Muchas veces hay un desconocimiento y gran parte de las veces se termina arreglando el problema", asegura para añadir que Red Acoge identificó en 2022 a 240 personas en situación de exclusión financiera.
Sin embargo, lamenta que las personas a las que acompañan "puede ser un porcentaje muy pequeño de las que viven en esta situación". "No tiene que depender de que haya una entidad social que pueda acompañar a esa persona para resolverlo sino que las entidades bancarias cumplan con la normativa", concluye.
