CARMONA (SEVILLA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
La profesora del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Paula Rodríguez Modroño, ha asegurado este lunes que las 750.000 personas en España beneficiarias de la Ley de Dependencia verán recortadas sus derechos tras la reforma de dicha ley aprobada el pasado viernes por el Gobierno.
Modroño ha realizado estas declaraciones durante el curso de verano que la UPO celebra esta semana en Carmona (Sevilla) titulado "Balance y retos en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia en los municipios andaluces", informa la propia UPO en un comunicado.
Según esta profesora, la aplicación de esta ley ha supuesto un duro trabajo en su desarrollo normativo, en la creación de la infraestructura necesaria y en la coordinación de todos los agentes implicados en la misma. Esfuerzo que ha tenido que ser realizado en un contexto de crisis que ha afectado a la ley casi desde el principio.
"Pero los recortes presupuestarios y medidas adoptadas en los últimos días nos tienen que llevar al análisis de las vías de supervivencia de esta ley ante su práctica derogación por el Gobierno central", ha afirmado antes de citar entre los recortes la rebaja en un 15 por ciento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidado familiar que reciben 111.000 personas en Andalucía.
Asimismo, se incrementa el copago al introducir nuevos criterios como la vivienda habitual en algunos servicios, al tiempo que se reduce la intensidad máxima del servicio de atención a domicilio que reciben más de 50.000 personas en Andalucía.
Por otra parte, Paula Rodríguez ha puntualizado que el Real Decreto Ley del pasado 13 de julio retira de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que son 55.000 personas en Andalucía. Y es que el Gobierno dejará de cotizar por aquellas personas que cuidan de un familiar dependiente, en su mayoría mujeres. La medida afectará a 178.300 personas a nivel nacional que completaban con estas aportaciones del Estado otros años cotizados para tener acceso a una futura pensión.
La reforma de la Ley de Dependencia permite también que las comunidades se tomen dos años para conceder una ayuda a los dependientes, sin que eso genere deuda alguna con ellos, porque no tendrán que pagarles atrasos en ese tiempo. A fecha de 1 de julio de 2012, más de 65.000 personas dependientes esperan su ayuda en Andalucía, cifra que llega a los 270.000 a nivel nacional.
"Todos estos recortes afectan a miles de personas que van a ver mermados sus derechos ante la destrucción del cuarto pilar del Estado del Bienestar y nos plantean la difícil tarea en este curso de debatir y estudiar las alternativas posibles para garantizar este derecho de la ciudadanía", ha concluido la profesora.
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