Ence aprueba una política para defender las prácticas legales en el suministro de madera

OVIEDO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ence Energía y Celulosa ha aprobado su Política de Legalidad de la Madera, un documento que recoge un conjunto de requisitos para defender y garantizar la legalidad en la ejecución de las actividades de suministro forestal para el desarrollo de su negocio.

El citado documento es fruto de un proceso de conversaciones entre la compañía y diversas administraciones y organismos de carácter medioambiental y social, con el objetivo de promover comportamientos legalmente responsables orientados a la actividad de suministro. Asimismo, busca servir como referencia para todos los agentes relacionados, y orientarles a la hora de detectar prácticas ilegales, contribuyendo así a evitar que se produzcan.

Ence pretende ser pionera en la implantación de las mejores prácticas sostenibles, que se identifiquen con sus valores de responsabilidad social, ambiental y económica.

Entre las medidas que Ence va a adoptar con la puesta en marcha de esta Política destaca la adquisición únicamente de madera procedente de masas forestales en las que se cumplan todos los requisitos que establezca la normativa en vigor, además de los voluntarios adoptados por la empresa al momento de su compra.

Asimismo, promete priorizar y fomentar el consumo de madera certificada FSC y/o PEFC, siendo su objetivo lograr un 100% de madera certificada en el suministro a sus plantas de celulosa. Por otro lado, Ence exigirá a sus suministradores los mismos requisitos de cumplimiento de legalidad que aplica a sus propias actuaciones forestales, con el objetivo de fomentar el comercio de madera dentro de los estándares de legalidad definidos por la legislación forestal.

De igual manera, y para evitar prácticas llevadas a cabo fuera del marco de la legalidad con el objetivo de obtener rápido beneficio, y para favorecer la sostenibilidad en la ejecución de sus actividades de suministro, Ence se compromete a rechazar cualquier partida de madera de la que se demuestre su procedencia de una explotación ilegal, o bien aquella madera cuya explotación haya supuesto una afección a elementos protegidos del patrimonio natural, arqueológico, cultural o social incompatible con su aprovechamiento.