Sánchez Rubio valora el papel del movimiento asociativo

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha valorado este viernes el papel del movimiento asociativo en la consecución y la defensa de los derechos a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, camino al que "la Junta ha dado siempre prioridad".

Así lo ha señalado en Granada durante la presentación de los libros 'Apuntes y reflexiones sobre discapacidad militar' y 'Ejército español y ONGs en Kósovo', donde ha reiterado que estos pilares básicos son los que priman en el nuevo anteproyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad.

En Andalucía viven más de 700.000 personas con discapacidad. Es decir, que en uno de cada cuatro hogares andaluces vive, al menos, una persona con discapacidad. "Por tanto, hablar de los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad es hablar de una realidad que afecta a gran número de personas. Por ello, la sociedad no puede prescindir del potencial de esa población. No podemos dejar al margen a las personas con discapacidad y sus familias", ha asegurado la consejera.

Asimismo, ha reconocido el trabajo realizado por las asociaciones como Acime "consolidada como agente clave en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad", con más de 25 años de experiencia.

"Ahora es especialmente importante vuestro papel en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en España y en zonas de conflicto. La historia demuestra que los movimientos sociales son siempre los mejores instrumentos para defender los derechos sociales y ciudadanos y avanzar en su garantía", ha destacado Sánchez Rubio.

ANTEPROYECTO LEY DE DISCAPACIDAD

La futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales.

La nueva normativa obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43 por ciento, y a reservarle un 3 por ciento de las plazas en los cursos de formación y de al menos un 5 por ciento de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

A la vigente reserva del 7 por ciento de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico.

Entre otros derechos regulados en la nueva normativa destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.