Denuncia que la merma de financiación estatal ha supuesto más 518 millones en los últimos cinco años en Andalucía y 2.800 en el conjunto de España
SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes solicitar la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para abordar la incidencia de los "recortes" del Gobierno de la Nación en el sistema de atención a la dependencia.
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, sólo en Andalucía esta merma de financiación estatal ha alcanzado los 508 millones de euros entre 2012 y 2016, a la que se suman más de 10 millones que la comunidad ha dejado de percibir por el pago de la teleasistencia avanzada para unas 20.000 personas en situación moderada. La Junta estima que con esta deuda se podría haber atendido a 105.000 personas.
Junto a ello, Vázquez ha destacado que en el conjunto de España los recortes han supuesto la pérdida de 2.800 millones de euros, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar, lo que provoca "grandes desequilibrios" en las finanzas de las comunidades autónomas, "obligadas a asumir la mayor parte del esfuerzo" para evitar que el sistema de atención a la dependencia sea incapaz de cumplir los fines para los que fue creado en 2006.
La propuesta de la Junta se concreta en la petición de un calendario de comparecencias de los máximos responsables estatales y autonómicos en la materia, así como en el establecimiento de un sistema de financiación que permita a las comunidades cumplir con sus obligaciones. Según el Ejecutivo andaluz, la Administración General del Estado aporta actualmente menos del 22 por ciento del total del coste del sistema en Andalucía y la Junta más del 78 por ciento, pese a que la legislación nacional establece una cofinanciación al 50 por ciento.
Frente a ello, Vázquez ha resaltado que el presupuesto andaluz para atención a la dependencia ha superado este año los 1.160 millones de euros, cantidad similar a la que anualmente destina el Estado para todo el país (1.250 millones). Igualmente, ha subrayado que este compromiso por el mantenimiento del sistema se verá refrendado en 2017 con una dotación superior a los 1.188 millones, un 2,5 por ciento más que en el presente año, lo que permitirá incorporar a 65.000 nuevos beneficiarios.
RECOMENDACIONES Y PACTO DE ESTADO
Además de la convocatoria de la Comisión General, el Ejecutivo andaluz ha acordado solicitar que se elabore y remita al Gobierno central un informe motivado con las recomendaciones que se deriven de las comparecencias. En este marco, la Junta propondrá al resto de administraciones autonómicas los grandes ejes de consenso contenidos en el Pacto de Estado en Defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que remitió al Gobierno central el pasado año.
Entre estas medidas destacan el replanteamiento del modelo de financiación del sistema con el fin de asegurar su sostenibilidad; la reposición urgente de la cofinanciación estatal legalmente exigida; medidas de apoyo para la reactivación del sector vinculado a esta materia, que sólo en Andalucía supone cerca de 50.000 empleos; la garantía de la responsabilidad pública en la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección, y el apoyo al papel de las corporaciones locales en la prestación de una atención de calidad.
En este último punto, el Gobierno andaluz insiste en la necesidad de derogar los artículos de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que atentan contra la capacidad de las diputaciones y los ayuntamientos para seguir siendo puerta de entrada al sistema de servicios sociales.
El Ejecutivo autonómico también considera imprescindible realizar un nuevo baremo de valoración de la dependencia "más preciso", corrigiendo los cambios introducidos por la Administración central en este aspecto, así como simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases (solicitud, valoración, programa individual de atención, provisión del servicio y seguimiento), de manera que el plazo total no supere los seis meses.
MUJERES CUIDADORAS DE NUEVO EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Otros objetivos que plantea la Junta se dirigen a impulsar la coordinación entre servicios sociales y sanitarios; recuperar los mecanismos de participación y transparencia cercenados por los sucesivos recortes en la actual legislatura, y fijar el compromiso de que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados. Finalmente, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores familiares y no profesionales (en un 94 por ciento mujeres), suprimida en 2012.
Según los datos facilitados por la Junta correspondientes al pasado mes de octubre, Andalucía atiende a 185.200 personas en situación de dependencia, que se benefician de 239.000 prestaciones. La comunidad ocupa el primer lugar nacional en ambos conceptos, en los que representa más del 23 por ciento del total de España.
