La Junta minimiza el alcance del nuevo decreto de la Oficina de expresidentes: "No crea nada que no exista ya"

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula la Oficina de los expresidentes y expresidentas de la Junta de Andalucía, la cual se contempla en la Ley del Estatuto de los expresidentes del año 2005. A través de este nuevo reglamento, que desvincula a la citada Oficina de la Consejería de la Presidencia, "no se crea nada que no existe ya" ni supone ningún tipo de incremento presupuestario, según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz ha expuesto que se ha aprobado un reglamento que desarrolla la citada Ley de 2005, que hasta ahora no tenía desarrollo reglamentario. Como novedad respecto a la Ley, el reglamento contempla que se podrá optar a los medios que ofrece la oficina hasta los 75 años.

Como se recordará, la Ley 2/2005 del Estatuto de los expresidentes de la Junta se contemplaba que éstos, al llegar a los 65 años y tras el cese de su actividad laboral, percibirían una asignación mensual que sería del 60% de la retribución mensual que tuviera el presidente andaluz. Esa asignación mensual ya quedó suprimida en una modificación de la norma en el año 2011.

En consecuencia, lo vigente por ley en este momento y que ahora se desarrolla a través del reglamento aprobado este martes es que, "por decreto del Consejo de Gobierno, se asignará a los expresidentes de la Junta de Andalucía, con carácter inmediato a su cese, los medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas, y la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las atenciones protocolarias que correspondan". Se añade que los "expresidentes de la Junta de Andalucía dispondrán de los servicios de seguridad que en cada momento se consideren necesarios por los órganos competentes de la administración de la Junta de Andalucía".

El portavoz del Gobierno ha confirmado que Susana Díaz, actual senadora en representación de la comunidad, es la única expresidenta de la Junta que se ha acogido a esos medios de apoyo. Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán no podría acogerse ya a las prestaciones de la Oficina puesto que han superado la edad y además están inhabilitados por condenas por prevaricación en la sentencia de los ERE.

La Junta ha estimado que el coste anual de esa Oficina será de 223.843,78 euros, cantidad resultante de los recursos humanos que pone a su disposición, cuyo coste cifra en 194.163,78 euros, así como otros 29.680 euros para gastos de funcionamiento, según detalla la información anexa al decreto aprobado.

"No va a suponer incremento presupuestario para la Junta", ha sentenciado
Fernández-Pacheco, quien ha querido dejar claro que con el nuevo reglamento no se crea "nada que no exista ya". Ha añadido que la Oficina no supone retribución alguna para los expresidentes, sino sólo "apoyo logístico".

El personal de apoyo que se asigne a los expresidentes o el que tiene asignado ya Susana Díaz pasará directamente a depender de la Oficina, quedando desvinculado así de la Consejería de la Presidencia.

Concretamente, el personal consiste en un asesor de nivel 30, un automóvil de representación y dos conductores, además de un servicio de seguridad o escolta. La ubicación de esa Oficina, "siempre que sea posible", según precisa el decreto, será "en las instalaciones del Parlamento de Andalucía".