SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía operará con un máximo de seis entidades financieras para la gestión de sus pagos y facturas, lo que permitirá agilizar la Tesorería, dotando de mayor control y transparencia los movimientos bancarios. Así lo ha trasladado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en comisión parlamentaria donde ha explicado los criterios que se aplicarán en la licitación de las cuentas generales para la gestión de todos los pagos de la Tesorería General, que se publicó en el BOJA el día 10 de febrero.
Durante su intervención, la consejera ha destacado que desde su departamento se están realizando importantes avances en materia de Tesorería que ya están dando frutos, como la reducción en 25 días del periodo medio de pago a proveedores (PMP) que ha registrado la Junta a lo largo de 2016 y que sitúa a Andalucía como la comunidad de régimen común que abona antes sus facturas. Concretamente, se ha referido al último dato disponible correspondiente al pasado mes de diciembre con un PMP de 13,18 días, el mejor valor desde que comenzó a publicarse esta magnitud.
Respecto a la licitación de las cuentas bancarias, Montero ha subrayado que el objetivo es lograr las condiciones más competitivas para un volumen de pagos anuales de unos 31.500 millones de euros. Para ello se tendrán en cuenta dos criterios en la adjudicación del contrato. De un lado, se valorará el tipo de interés o retribución ofrecido por los bancos al saldo que se mantenga en las cuentas de la Junta. Y, por otra parte, se tendrá en cuenta el coste de la línea de crédito que da cobertura al decreto de garantía de pagos por el que la Junta garantiza un plazo máximo de 20 días para el abono de las facturas vinculadas a los sectores prioritarios de salud, educación y servicios sociales.
La consejera ha destacado que eficacia de la Tesorería será mayor si los pagos se realizan de forma centralizada a través de un número reducido de entidades. A partir de ahora, la Junta pasará de trabajar con 17 entidades financieras a operar con 6 entidades como máximo, y de tener al inicio de este proceso más de 600 cuentas abiertas para pagos de las Consejerías y Agencias Administrativas, a tener sólo 10 cuentas bancarias.
Además, la licitación incluye claúsulas sociales y medioambientales como por ejemplo, las claúsulas relativas a personas trabajadoras con discapacidad, promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.
Según ha explicado, se adjudicarán los servicios a un máximo de seis entidades financieras y un mínimo de tres. Para favorecer participación, se ha estructurado el objeto del contrato en seis lotes de distinto tamaño agrupando conceptos de pago completos como nóminas de personal, cotizaciones sociales o pago a corporaciones locales. Las entidades no podrán ser adjudicatarias de más de dos lotes y no podrán cobrar ninguna comisión por la gestión o administración de las cuentas.
