Las políticas urbanísticas facilitarán el crecimiento sostenible y empleo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha afirmado que las políticas urbanísticas de la Junta tienen como objetivos promover un crecimiento sostenible e impulsar un modelo productivo que permita la recuperación económica y la creación de empleo. Para ello, ha añadido, es necesario una ordenación del territorio "bien fundamentada, científica y ambientalmente", que reduzca el impacto al medio ambiente a la mínima expresión.

No en vano, en 2006 el Gobierno andaluz ya puso en marcha el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) con el fin de ofrecer una orientación para el desarrollo territorial de la región con criterios de sostenibilidad y equidad.

A esto hay que sumar el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible en Andalucía Horizonte 2020, enmarcado dentro de los trabajos desarrollados por la Mesa de la Construcción Sostenible, en la que participan agentes económicos y sociales del sector de la construcción, ha señalado Fiscal en una comparecencia en el marco de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz.

Durante su intervención, el consejero ha explicado que la política urbanística en Andalucía se basa en tres pilares fundamentales: la flexibilización y agilización de los procedimientos administrativos, la seguridad jurídica del marco en el que se desarrolla y la mejora constante de la calidad de vida de los ciudadanos.

En relación con la agilización de los trámites administrativos, Fiscal ha recordado que la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ha permitido la creación, por decreto 36/14 de 11 de febrero, de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística. Estos órganos, que actúan en sus ámbitos territoriales como cauces únicos de cooperación con los municipios en la tramitación del planeamiento, integran y armonizan los distintos informes sectoriales preceptivos, ayudando a solventar los problemas de demora que sufrían los procesos de planificación.

Así, en relación con la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU), que oscilaba entre los cuatro y ocho años, los ayuntamientos pueden presentar con la nueva norma una única solicitud dirigida a la Junta. A partir de aquí, la revisión de la documentación y la solicitud de subsanación se realiza de forma conjunta en un máximo de diez días. Además, el plazo que tiene la administración autonómica para emitir sus dictámenes está fijado en tres meses, a contar desde el día siguiente en que tiene entrada la documentación completa que se requiere.

PAQUETE DE MEDIDAS PARA LA FLEXIBILIDAD URBANÍSTICA

En esta línea, el consejero ha subrayado que la Junta continuará avanzando y mejorando en la agilización y simplificación de trámites: un ejemplo de ello es el Reglamento de Planeamiento que está elaborando la Consejería en el desarrollo de la LOUA para dar flexibilidad y respuesta en forma y plazo a las demandas de modificación de la planificación urbanística. Según Fiscal, todo esto se concretará en breve en la ejecución de un paquete de medidas --a corto, medio y largo plazo-- sobre las que está trabajando la administración autonómica con los agentes sociales y ayuntamientos.

Asimismo, el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha apostado por dotar a la política urbanística de un marco jurídico sólido y justo para atraer inversores y garantizar que el urbanismo sea sostenible, haciendo prevalecer siempre el interés general sobre el particular.

El consejero ha destacado también el papel que juega la gestión urbanística sostenible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar ciudades habitables y solidarias. No en vano, el urbanismo socialmente responsable es concebido por el Gobierno andaluz como un instrumento más para fomentar la igualdad y disminuir las carencias de algunas áreas, ha concluido.

REACCIONES DE LOS GRUPOS

Por parte de los grupos políticos, el diputado del PP Pablo José Venzal ha instado al Gobierno andaluz a modificar el artículo 15.5 de la LOUA, pues "si queremos compactar la ciudad, rehabilitar y conservar", preguntándose "qué empresario va a hacerse cargo de los costes de la compra y la rehabilitación".

Asimismo, también ha aludido a la necesidad de cambiar el decreto 2/2012, ya que las ciudades de más de 200.000 habitantes "tardan más de doce años en aprobar un plan general", lo que hace inoperativo el trámite en la medida en que se alteran las normativas y situaciones. Fiscal, en este sentido, se ha mostrado de acuerdo con la corrección de la agilización de trámites.

De su lado, mientras que Beatriz Rubiño, diputada por el PSOE, ha alabado la labor de la Junta, la parlamentaria de Podemos Carmen Molina ha recordado que aún existe un porcentaje de la población que vive en municipios que no están adaptados a la ley y, desgranando las medidas propuestas por la formación morada, ha recalcado que el urbanismo sostenible es "el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro".