SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha subrayado este miércoles que el Registro de Turismo de Andalucía en el que deben escribirse las viviendas con fines turísticos de la comunidad y que ha echado a andar este miércoles, ha recibido unas 15.000 consultas y solicitudes y tiene ya 3.000 viviendas inscritas. El titular de Turismo ha incidido en que el mismo repercutirá en la calidad que van a ofrecer este tipo de alojamientos no hoteleros.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Fernández ha informado de que la inscripción sigue abierta y que la administración seguirá informando y gestionando los registros porque se trata de un proceso "lento". No obstante, ha advertido a quien no inscriba su alojamiento que la Junta actuará con la inspección, como es su "obligación" como "administración garante de la calidad de los establecimientos".
El consejero ha dicho que la mayoría de este tipo de alojamientos en la región se encuentran en núcleos urbanos de la franja litoral de la Costa del Sol, Cádiz y Huelva; y en las ciudades de interior, Sevilla, Granada y Córdoba, principalmente.
La Junta publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 11 de febrero el decreto de las viviendas con fines turísticos y de modificación del decreto de establecimientos de apartamentos turísticos. Al hilo de ello, Fernández ha recordado que no todas las viviendas de uso turístico se van a integrar en el decreto de viviendas turísticas sino que otras, cuando se trate de más de dos unidades de explotación, lo harán en el de los apartamentos.
COLABORACIÓN DE LOS PORTALES DE ALQUILER
Fernández ha destacado la colaboración que están ejerciendo los grandes portales de alquiler para la regularización ya que ésta "cualifica la oferta" y ha incidido en que aquellos "ven la posibilidad de trabajar con nosotros y que el registro sea una de las condiciones para poder anunciar la vivienda".
El decreto, elaborado con el consenso de los agentes económicos y sociales, da cobertura jurídica a las viviendas alquiladas con finalidad turística, que tras la modificación en 2013 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) habían quedado fuera de regulación y sujetas a normativas sectoriales.
En líneas generales, la nueva norma establece unos requisitos mínimos de calidad y confort equiparables a los del resto de alojamientos, con el fin de asegurar los derechos de los usuarios y evitar situaciones de fraude, intrusismo, clandestinidad y competencia desleal. Además, garantiza la seguridad pública al obligar a los propietarios a llevar a cabo un registro documental e informativo sobre los viajeros que utilizan este hospedaje.
Las viviendas con fines turísticos deberán disponer de licencia de ocupación y cumplir en todo momento con las condiciones técnicas y de calidad fijadas, entre las que figuran las relativas a ventilación exterior, mobiliario, refrigeración, ropa de cama, menaje y botiquín de primeros auxilios. Igualmente, han de ofrecer a los usuarios información turística de la zona y hojas de quejas y reclamaciones, así como un teléfono de contacto para atender y resolver incidencias durante la estancia.
