La Junta subraya que ha precintado 1.590 edificaciones ilegales desde la entrada en vigor de su ley urbanística en 2021

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha abordado este miércoles el balance de inspección urbanística y de ordenación del territorio ante las edificaciones ilegales sobre suelo rústico en 2025, que cerró con 1.986 actuaciones y ha destacado los precintos.

El Gobierno andaluz ha destacado "el profundo crecimiento" de esta práctica desde los cambios normativos que aportó la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que otorga competencia directa a la Junta de Andalucía para actuar frente a infracciones con incidencia territorial, al tiempo que ha sostenido que se trataba de "una práctica inexistente antes de 2019".

Ha señalado la Junta un balance de 1.590 precintos acometidos desde la entrada en vigor de la Lista a finales de 2021, según una nota.

Ha reivindica la Administración autonómica que "con los precintos, la Junta de Andalucía mantiene la estrategia de los últimos años de priorizar las actuaciones en edificaciones ilegales sobre suelo rústico en fase temprana".

Ha indicado que en 2025 se precintaron 351 edificaciones o parcelas ilegales, cifra algo inferior a la de 2024, pero similar a la de los ejercicios 2022 y 2023.

Ha informado la Junta de que "la labor inspectora no se limitó el año pasado al precinto inicial" y que se añadieron más actuaciones de verificación de que las parcelas ya intervenidas no se reiniciaban.

La inspección urbanística ha efectuado "más de 400 reprecintos", ha precisado el Gobierno andaluz en este sentido, quien ha indicado en este sentido que "se han elevando las actuaciones a lo largo del año pasado a más de 700 edificaciones o parcelas ilegales".

Ha informado en este balance del levantamiento de 612 actas de inspección y del inicio de expedientes de protección de la legalidad en relación con 484 edificaciones, dato del que ha asegurado que "es 12 veces más que en 2018".

Ha sostenido la Junta de Andalucía su "constante colaboración" con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, donde ha señalado al Ministerio Fiscal, así como a la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los organismos sectoriales y otros agentes con competencias concurrentes.

Ha apuntado la elaboración en 2025 de 160 informes periciales sobre delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo a instancias del Ministerio Fiscal o de la jurisdicción penal, dato que ha calificado de "cifra récord".

Ha informado la Junta de la apertura de 155 procedimientos sancionadores y el inicio de 178 multas coercitivas por importe superior a los cuatro millones de euros (4.245.636 euros) y ha asegurado que esta estrategia de "multas coercitivas progresivas" ha propiciado "un cambio de mentalidad del infractor", por cuanto ha señalado que "trata de reincidir menos y busca restablecer el daño ocasionado".

CINCUENTA Y CUATRO AUTODEMOLICIONES EN 2025

El Gobierno andaluz ha señalado que se han hecho 54 autodemoliciones en 2025, donde ha incluido la eliminación de vallados y otros elementos comunes en parcelaciones ilegales sobre suelo rústico hasta la demolición y retirada de edificaciones, piscinas, casetas prefabricadas y otras construcciones ilegales.

La Consejería de Fomento ha remarcado su apuesta por "la inspección autonómica para hacer frente a las nefastas consecuencias sociales, ambientales y económicas que el urbanismo ilegal produce en el territorio", planteamiento del que ha indicado que se ha proyectado en que "se ha cuadriplicado el número de las principales actuaciones en materia de inspección" y que estos "buenos números" son consecuencia de "una mayor descentralización de la inspección, que ahora tiene una mayor presencia en el territorio".

Con el referente del Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026 la Junta ha informado de la tramitación de un nuevo reglamento de organización y funciones de la inspección para "modernizar" sus funciones y que para mejorar la protección del personal inspector ante situaciones de peligrosidad la Junta le ofrece la posibilidad de "la firma anonimizada de los documentos" y de esa manera "no aparezca el nombre, sino un número de identificación profesional".