SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía incrementará en más de un 11% sus actuaciones de vigilancia y control en el Plan General de Inspección en el área de Industria para el bienio 2022-2023, con lo que éstas pasarán de las 10.951 realizadas en el plan anterior a las 12.181 previstas.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de su aprobación, alcance y contenido, según se informa en la referencia de la reunión semanal del Ejecutivo andaluz.
La propia actividad industrial, así como las instalaciones, equipos y productos fabricados por la industria y presentes en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, "exige una labor de prevención y limitación de riesgos, ya que su puesta en marcha, funcionamiento y utilización puede causar daños a las personas, los bienes o el medio ambiente", subrayan desde la Junta, que, por ello, tiene como finalidad "reforzar su labor inspectora en este ámbito para lograr mayores niveles de cumplimiento de la normativa".
Sus funciones de control no se circunscriben únicamente a entornos productivos, sino que afectan también a "numerosos espacios de masivo uso público" como son centros comerciales, comercios u hospitales, y a edificios de viviendas.
En estos entornos, según recuerda la Junta, se utilizan a diario ascensores, vehículos, aparatos eléctricos o sustancias químicas que están sometidos a la legislación de seguridad industrial para minimizar la probabilidad de accidentes y proteger no solo a trabajadores y bienes, sino también a la propia ciudadanía.
El nuevo plan "redoblará los esfuerzos en vigilar la entrada en servicio de instalaciones que requieren de una simple comunicación". En 2021 se ha producido un fuerte incremento del 46,5% en dichas comunicaciones, lo que exige un mayor control por parte de la Administración. Además, en las inspecciones realizadas en los tres últimos años se observa que las revisiones con defectos técnicos de seguridad no se han reducido, sino que se han estancado en torno al 22%.
Las evaluaciones proyectadas en este instrumento afectan a seis áreas de actuación, según ha concretado la Junta, que aclara que las inspecciones de industrias, establecimientos e instalaciones para comprobar las comunicaciones de puesta en servicio constituyen el bloque con más intervenciones programadas, un total de 6.752, que representan el 55,4% del conjunto.
En este apartado se comprobarán centros para el almacenamiento de productos químicos y petrolíferos, grúas torres, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y de gas o equipos frigoríficos.
Mediante esta línea de intervención se pretende realizar tanto un análisis documental de expedientes tramitados relacionados con la entrada en servicio de las actividades industriales como una inspección 'in situ' para dictaminar si éstas se adecuan al proyecto y demás documentación aportada.
El segundo programa por volumen de acciones hace referencia a la revisión de instalaciones y establecimientos que se encuentran en funcionamiento, que concentra 2.375 iniciativas de control. En este apartado, la Administración verificará que los titulares de dichas instalaciones y las empresas conservadoras y mantenedoras habilitadas cumplen las obligaciones que tienen con respecto a inspecciones periódicas y mantenimiento.
Afectan al almacenamiento de productos químicos y petrolíferos, ascensores, equipos a presión e instalaciones de gases combustibles, frigoríficas o de baja y alta tensión.
De igual modo, las medidas de inspección se aplicarán a entidades que actúan en el ámbito de la seguridad industrial. En este tercer capítulo se han planificado 1.594 acciones para evaluar empresas instaladoras, talleres de tacógrafos y limitaciones de velocidad, entidades conservadoras de ascensores, centros de formación acreditados o reconocidos y organismos de control habilitados.
De acuerdo con el nuevo plan, el seguimiento de la Administración también velará por la seguridad industrial de instalaciones y establecimientos en servicio de carácter petrolífero y de otros sectores como fabricación de pinturas, industria agroalimentaria, química, metalúrgica, cerámicas o centrales de generación eléctrica, entre otras.
En este caso, se han previsto 1.263 intervenciones, que también incluyen establecimientos de pública concurrencia y centros comerciales. En la selección se tendrán en cuenta criterios de localización como su proximidad a cascos urbanos o aglomeraciones urbanas, así como el tamaño o capacidad de almacenamiento.
La Administración también hará comprobaciones de instalaciones eléctricas de alta tensión de particulares, de contadores centralizados de gas en edificios de viviendas y en locales de gran concentración de público. Asimismo, serán objeto de análisis los ascensores y cuadros de contadores eléctricos de edificios residenciales o industriales, además de instalaciones de baja tensión, piscinas y alumbrados públicos.
El quinto programa se circunscribe al control metrológico, área en la que se realizarán 135 intervenciones a surtidores de estaciones de servicio, empresas reparadoras de equipos de medida sujetos a control metrológico o instrumentos de pesaje, entre otros.
Por último, el sexto bloque se dirigirá a controlar, mediante un total de 62 acciones, la puesta en el mercado de productos industriales como puertas industriales, comerciales, de garaje y portones instalados en industrias y establecimientos. También se velará por la normativa en la producción de cementos.
CAMBIOS
Con el fin de "dotar de mayor agilidad y eficacia a la labor de inspección encomendada a la Administración autonómica", la Junta ha introducido "importantes cambios" en la última reforma de simplificación administrativa aprobada a finales de 2021 a través del Decreto-Ley 26/2021.
Entre ellos, se otorga el carácter de agente de la autoridad al personal encargado de los correspondientes procedimientos de inspección.
Para la ejecución de estas tareas de inspección, la Consejería de Transformación Económica podrá contar, además de con el personal funcionario técnico de las delegaciones territoriales, con el apoyo de los denominados Organismos de Control, de acuerdo con lo establecido por el marco normativo que lo regula.
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