Advierte de que el texto no cumplirá con su premisa de que "padres y madres puedan elegir el número de hijos e hijas que quieran tener"
BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
ELA aseguró hoy que el Proyecto de Ley de Apoyo a las Familias que se está tramitando en el Parlamento vasco es "un catálogo de buenas intenciones" que "lo único que hace es dar rango legal" a las políticas ya existente, lo que implica un intento de "engañar" a la sociedad, a la que no se le ofrecen nuevos servicios.
Además, señaló que el Proyecto de Ley no cumplirá con una de sus premisas básicas porque "mientras las cosas no cambien, padres y madres no podrán elegir el número de hijos e hijas que quieran tener".
En rueda de prensa, los responsables del sindicato Mikel Noval (Area Social), Julene Gabiola (Gabinete Técnico) y Deiana Arrieta (Area de Igualdad) denunciaron que el Proyecto de Ley citado "habla de un horizonte temporal del 2020" que es "muy lejano para una cuestión tan importante como es la conciliación" y, además, no se precisan "objetivos ni de medidas concretas, ni a largo ni a corto plazo".
"El Proyecto de Ley de Familia habla del año 2020, pero podían poner también 3020 porque les da igual. Es una tomadura de pelo con una ley sin contenidos, que se enmarca dentro de una política neoliberal que tiene un nivel de gasto social muy bajo, con una política fiscal al servicio de las rentas empresariales y del capital como se está comprobando en estas semanas", aseguraron.
En este sentido, aseguraron que el texto que se está tramitando en la Cámara vasca "lo único que hace es dar rango de ley a los planes, decretos u órdenes que hay en la actualidad" sin incluir "ningún avance, porque no tiene concreción y porque las medidas y ayudas que contempla ya existían con anterioridad".
"La falta de concreción y la inexistencia de nuevas ayudas se comprueba en que el proyecto habla de consolidación de los servicios sin establecer objetivos y contempla ayudas económicas para excedencias o reducción de jornada para cuidado de personas que ya existen en la actualidad", añadieron.
En cuanto a "una pequeña novedad" contemplada en el Proyecto de Ley que permite a los autónomos acogerse a las ayudas, advirtieron de que es "bastante cuestionable la fiabilidad de la comprobación de que estas personas reduzcan realmente la jornada laboral".
Los responsables de ELA también criticaron que el texto legal "da prioridad a las ayudas económicas en vez de a los servicios", cuando son estos últimos los que se deberían "impulsar" para mejorar su cobertura.
"Esta Ley es, por decir algo, un catálogo de buenas intenciones que a la hora de la verdad no se concreta en derechos y, por tanto, si la ley no se aprueba, no va a pasar nada; y si la ley se aprueba, tampoco pasará nada", subrayaron.
Asimismo, agregaron que este tipo de textos legales es "reflejo de una política" que no se aplica únicamente en el tema de las familias, sino también en otros asuntos como los servicios sociales o la vivienda, que obedece a una actuación política que "no da derechos y, sin embargo, hace muchísima propaganda". "No se cortan en absoluto en hacer propaganda", insistieron.
En este sentido, remarcaron que "a la gente no se le dice la verdad de lo que está pasando porque nos tratan de engañar", situación que consideraron "muy triste porque genera una pérdida de credibilidad hacia la política".
"La gente sigue teniendo necesidades que no se cubren porque, por suerte o por desgracia, la propaganda no oculta la realidad y, mientras tanto, se hace un discurso oficial que nada tiene que ver con lo que está pasando", reiteraron.
PLAN DE FAMILIA
Los tres responsables de ELA también recordaron que el Plan de Familia, del que surge el Proyecto de Ley actual, fue presentado a la opinión pública sin hacer "ningún tipo de consulta" a la sociedad. Posteriormente, desde el sindicato se realizaron aportaciones al texto que no fueron recogidas porque "cuestionan la política neoliberal que se viene haciendo" por parte de la Administración.
Asimismo, añadieron que, en la actual situación, cuando un niño se queda sin plaza en una guardería pública, generalmente sale "perjudicada" la mujer, que se ve "alejada del mercado laboral" cuando las instituciones también tienen "responsabilidad pública" sobre la realidad familiar.
En cuanto a la responsabilidad pública que contempla el Proyecto de Ley en materias de apoyo a la familia, desde ELA precisaron que el hecho de que no se contemple también que la gestión va a ser igualmente pública implica que "los servicios de guarderías y escuelas infantiles, o centros de servicios sociales, podrán ser gestionados por la iniciativa privada".
Sobre el derecho subjetivo, es decir, a reclamar judicialmente el no cumplimiento de los derechos que estipula el texto legal, señalaron que se condiciona al cumplimiento de unos "requisitos de acceso" que "tampoco han sido especificados" y que, cuando lo sean, "pueden vaciar de contenido" ese mencionado derecho a acudir a la Justicia.
POLÍTICA DEL GOBIERNO VASCO
Respecto a la política de conciliación que viene desarrollando el Gobierno vasco, respecto de la que el Proyecto de Ley no implica "nada nuevo", explicaron que "no ofrece la cobertura suficiente de servicios de cuidado infantil", ya que sólo ofrece una cobertura del 51 por ciento para el tramo 0 a 3 años, según datos del propio Ejecutivo.
Por otro lado, agregaron que la Administración autonómica sólo alcanza al 0,9 por ciento de la población ocupada con las subvenciones por excedencia o reducción de jornada.
"Además, las escasas cuantías de las subvenciones por excedencias o reducciones de jornada no cubren, ni de lejos, la pérdida económica que supone coger una excedencia o reducción de jornada. Estas subvenciones no han sido aumentadas desde 2002, con lo que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 21,5 por ciento", precisaron.
