Sayas (PP) afirma que la política "sectaria" del Gobierno Sánchez en vivienda ha tenido "el aval indiscutible" del PNV

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas, ha asegurado que la política "intervencionista y sectaria" del Gobierno de Sánchez ha contado con el "aval indiscutible" del PNV para "destrozar la oferta, subir precios, generar inseguridad jurídica" a propietarios y poner un "puente de plata" a la ocupación". "El fracaso de ese modelo es el que el PNV está aplicando en la comunidad autónoma vasca", ha criticado.

Así lo ha expuesto este jueves en una comparecencia en una céntrica calle de Bilbao junto a la presidenta del PP de Bizkaia, Amaia Fernández; la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Bilbao, y otros junteros y concejales de la formación en la que ha criticado que el partido jeltzale haya sido "un abanderado" de la aplicación de la ley del Gobierno central para "derogar en la práctica el derecho a la vivienda y convertir el acceso a ella en una misión imposible".

Sayas está llevando a cabo distintas presentaciones por comunidades autónomas para dar a conocer el Plan Nacional de Vivienda, que consta de 30 propuestas, ha explicado que dichas medidas se articulan en cuatro ejes, que pasan, entre otras actuaciones por "generar seguridad jurídica, el apoyo a los jóvenes, un proyecto residencial estratégico que aligere la carga administrativa para poder construir una vivienda en 4 años y no en los 15 años actuales y el compromiso de que todas las viviendas que se construyan "bajo el paraguas del proyecto residencial estratégico sean a precio asequible".

Por su parte, Amaia Fernández, ha coincidido en que la vivienda también es una de las principales preocupaciones de los vizcaínos, que castiga especialmente a los jóvenes, con un incremento medio del alquiler del 22% en los últimos cinco años, más del doble de lo que se incrementó el alquiler en el quinquenio 2016-2021.

Fernández ha asegurado que, ante esta realidad, las políticas de PNV y PSE-EE cargan el problema a los propietarios, "con un mal llamado escudo social que, en realidad, es una trampa para que aquellos que tienen viviendas, puedan sacarlas al mercado del alquiler".

Para la presidenta del PP de Bizkaia, para proteger a las personas vulnerables en materia de vivienda, no se puede "poner la carga de la prueba en el propietario", por lo que ha opinado que para que haya vivienda de alquiler en el mercado, "es necesario que los propietarios tengan seguridad jurídica, construir más vivienda y que una parte sea a precio asequible para aquellas personas que tienen mayor dificultad para acceder al mercado inmobiliario".

SITUACIÓN INSOSTENIBLE EN BILBAO

A su vez, la portavoz del PP en Bilbao, Esther Martínez, ha subrayado que en la capital vizcaína también "padecemos" estas políticas de vivienda patrocinadas por PNV, EH Bildu y PSE-EE que "han llevado a una situación prácticamente insostenible a día de hoy".

Según ha asegurado, en Bilbao no se está construyendo y hay 31.000 bilbaínos que solicitan una vivienda de protección y otros tantos más que quieren poder acceder a una, en una ciudad que está expulsando a tantos, sobre todo jóvenes, que no tienen la oportunidad de quedarse aquí a vivir".

Tras recordar que el recargo en el IBI del 25% que se aplica a la vivienda vacía "solo ha sacado en Bilbao al alquiler 99 viviendas desde 2018, la solución propuesta ahora es subirlo al 75%", ha criticado que se haya declarado Bilbao zona tensionada cuando ni siquiera se cumplían los requisitos en buena parte del municipio".

La consecuencia, ha subrayado, es que "han conseguido que se hayan retirado un montón de viviendas del mercado del alquiler y que el 70% de las que se están ofertando en Bilbao son viviendas de temporada, es decir, viviendas que se pueden ocupar menos de un año, en las que una familia no se puede empadronar" lo que, "no hace sino escalar el precio del alquiler sin tener ningún límite".

Martínez ha afirmado también que en Bilbao "tenemos también un problema con la ocupación y la inquiocupación" y que, "aunque intenten desterrarlo, tenemos el dato oficial de que desde 2021 en Bilbao se han emitido 2.422 informes de vulnerabilidad para paralizar desahucios por falta de pago de los alquileres".

Ese dato evidencia, a su entender, que "eso que llaman escudo social, que corresponde a las administraciones, lo han derivado a los propietarios que están en un desamparo absoluto evidente por aplicar en vivienda estas políticas temerarias que tensionan el mercado".

"Lo que hay que hacer no es tanto castigar y sí poner en marcha políticas que funcionan, como construir, aligerar los trámites administrativos, quitar recargos y cánones de viviendas vacías e incentivar a los propietarios para sacar sus viviendas al alquiler", ha enumerado, y "teniendo en cuenta que en Bilbao el crecimiento de la población no está siendo tan grande como en otras ciudades del resto de España".