19 de febrero de 2020
 

La Junta defiende su "transparencia" en la aplicación de los tributos que son de su competencia

Actualizado 14/02/2008 19:44:24 CET

Lamenta el "desconocimiento" del PP en sus críticas, que achaca al intento de "hacer electoralismo"

MÉRIDA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura afirmó hoy que actúa "con total transparencia y objetividad en la ejecución de la normativa aplicable de tributos, prescindiendo de acuerdos entre particulares que alteren los elementos de la obligación tributaria".

Además, lamentó el desconocimiento que "el PP ha mostrado hoy sobre esta parcela y como, una vez más, intenta hacer electoralismo barato de unos hechos que claramente desconoce engañando a la opinión pública".

En respuesta a las manifestaciones sobre este asunto realizadas hoy por el líder del PP extremeño, Carlos Floriano, la Junta difundió un comunicado de prensa en el que señala que confía "en que, con sus manifestaciones, el PP no quiera dar a entender que la Administración debe incumplir las leyes fiscales, ni pretenda que deje de recaudar los tributos".

Añade el Ejecutivo regional que "gracias al respaldo mayoritario de los ciudadanos, la Junta de Extremadura mantiene desde hace tiempo una política fiscal que favorece a la gente que menos tiene". "Y lo seguirá haciendo con las políticas de apoyo a las familias que próximamente enviará a la Asamblea extremeña para su aprobación", apostilla.

La Administración regional aclara así mismo que "los hechos que se denuncian son consecuencia de la práctica de algunas entidades financieras, que trasladan al cliente el impuesto que legalmente les corresponde pagar a ellas, como consecuencia de acuerdos previos con éstos".

Explica que cuando una persona realiza la constitución de una fianza, ésta está sujeta a tributación únicamente en los supuestos en que no acompañe a la operación de constitución de préstamo hipotecario, siendo una operación habitual en el caso de la subrogación de hipotecas.

Este impuesto, prosigue, se rige por una normativa estatal, que ya venía aplicándose desde el año 1967 y que en su configuración no ha sufrido modificación alguna hasta la actualidad, encontrándose regulado en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1993.

NORMATIVA UNIFORME.

Es en 1983 cuando el Estado transfiere las competencias sobre la gestión del impuesto a esta comunidad autónoma, siendo la Ley 21/2001 que regula el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas la que amplía las competencias sobre determinados tributos, alcanzando incluso a la capacidad normativa. No obstante, entre esas competencias no figura la posibilidad de modificar la tributación de las fianzas o avales, por lo que la normativa de este tributo es básica y uniforme para todas las comunidades autónomas.

Por tanto, la Junta aclara que no se trata de un impuesto sobre un acto jurídico documentado, sino que el afianzamiento constituye una transmisión patrimonial onerosa, diferente de la constitución de la hipoteca. De ahí que no sea cierto que se esté efectuando una doble imposición, pues los actos gravados son dos hechos imponibles diferentes.

Una de las diferencias, puntualiza la Junta, es que los obligados al pago son distintos. En el caso del préstamo hipotecario, el sujeto pasivo es el deudor y, en el caso del afianzamiento, el sujeto pasivo es el acreedor, por lo que le corresponde a la entidad financiera, y no al ciudadano, satisfacer el tributo, siendo a ésta a la que se practica la liquidación correspondiente.

Así, la entidad financiera, como sujeto pasivo, está obligada a autoliquidar el tributo. No obstante, si ésta no cumple, la Administración, dentro de su labor de comprobación e inspección, está obligada a realizar las liquidaciones complementarias en el momento en que se detecten irregularidades y siempre dentro de los cuatro años desde que se produce el hecho imponible, como fue el proceder de la Junta de Extremadura en el caso que nos ocupa.

Por último, la Junta de Extremadura informa de que, a partir del 1 de diciembre de 2007, con la publicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los deudores que se encuentren en supuestos como este podrán reclamar sus derechos ya que la citada actuación está considerada como una cláusula abusiva, resultando, según la citada ley, nula de pleno derecho.