MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un 'Plan de Vigilancia Ambiental' que conlleva visitas aleatorias a las empresas en marcha o en fase de inicio en la región, con el objetivo de velar por el cumplimiento de los condicionantes ambientales exigidos.
Así lo anunció la directora general de Evaluación y Calidad Ambiental de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Extremadura, María Pérez, hoy en la Asamblea en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular sobre medidas adoptadas o previstas por la Administración autonómica en casos de "atentado medioambiental" como el ocurrido, según los populares, en los vertidos de Jerez de los Caballeros por parte del Grupo Gallardo.
El diputado del PP Juan Parejo exigió a la Junta una actuación "seria y rigurosa" en materia de control de los condicionantes medioambientales a las empresas de la región, así como la aplicación de "medidas ejemplarizantes" si se cometen "fallos" al respecto.
La directora general resaltó que el Ejecutivo autonómico ejecuta una aplicación "rigurosa" de la calidad y la evaluación ambiental "antes de la puesta en marcha de actividades" en la comunidad, aplicando para ello "el mismo grado de respeto y seriedad a todas las empresas en cuanto a su puesta en marcha y seguimiento", dijo.
En esta línea, Pérez añadió que el plan de vigilancia puesto en marcha por la Junta ya ha dado como resultado la apertura de expedientes sancionadores a entidades, y recordó que éstos incluso podrían llevar aparejados "cierres cautelares de actividad".
Por su parte, el diputado 'popular' Juan Parejo pidió la aplicación en la región de una política de medio ambiente "sensata, racional y responsable" con mecanismos "eficaces" de control, así como criterios "de igualdad" entre todas las empresas en materia de inspección.
Asimismo, en cuanto al caso de los vertidos de Jerez de los Caballeros, consideró "lamentable" que "nadie" haya asumido a su juicio la "responsabilidad" de la sentencia que "condena a tres directivos del Grupo Gallardo", y criticó también el "silencio" de la Junta en este tema cuando, según resaltó, el citado grupo "es el que más subvenciones recibe de la Junta".
Además, en referencia a que se trata del mismo grupo empresarial promotor de la refinería extremeña, indicó que "en Huelva hay un intenso debate por el paso del oleoducto (para la refinería) y puede que allí no haga gracia que quien la va a hacer haya sido condenado por un delito medioambiental".
Sobre estas cuestiones, la directora general de Evaluación y Calidad Ambiental apuntó que los vertidos en cuestión se remontan al año "2000-03", añadió que se produjeron por un "accidente fortuito como consecuencia de una rotura de tuberías por altas temperaturas", e insistió en que se trató de un caso "responsabilidad municipal".