El PSOE pide que se anulen las tasas de enseñanzas especiales de la Universidad Popular de Cáceres

Europa Press Extremadura
Actualizado: miércoles, 24 mayo 2006 18:42

CÁCERES 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cáceres solicitó hoy al alcalde de la ciudad, José María Saponi, que anule la resolución en la que se aprobó la fijación de una cuota tributaria de las tasas de enseñanzas especiales de la Universidad Popular cacereña.

En un comunicado remitido a Europa Press, el PSOE señala que el día 10 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación de las tasas de enseñanzas especiales de la Universidad Popular, por Resolución de la Alcaldía. Esta Resolución vulnera, según el PSOE, los preceptos constitucionales y algunos asuntos legales de Leyes que afectan al Régimen Local, por lo que puede considerarse nula.

Para los socialistas, la tasa carece de los elementos esenciales del tributo que se pretende por lo que puede decirse que "se está cobrando indebidamente, mediante fraude y exacción ilegal a todos los ciudadanos usuarios de dichos servicios".

El Grupo Municipal Socialista anunció igualmente que ha presentado un recurso dirigido al alcalde que pretende la revisión de la Resolución de la alcaldía por entender que es un acto dictado por un órgano "manifiestamente incompetente" por razón de la materia.

Además, considera que es un acto dictado prescindiendo "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello". El PSOE cree también que el hecho puede ser constitutivo de infracción penal, "pues se usurpan las competencias del Pleno de la Corporación Municipal y se produce una exacción ilegal y fraude constitutivos de delito penal, tipificado en el art. 437 del Código Penal".

El citado artículo recoge que "la autoridad que exigiere directa o indirectamente derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos, será castigada sin perjuicio de los reintegros a que viniera obligado, con las penas de multa de 6 a 24 meses y de suspensión de cargo público de seis meses a cuatro años"

Por todo lo anterior, el grupo socialista entiende que en este supuesto hay una nulidad de pleno derecho en el acto dictado y además "es constitutivo de infracción penal", concluye el comunicado.

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