MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización agraria UPA-UCE ha calificado de "injusta e ilógica", además de "desproporcionada", la decisión de la magistrada del Juzgado número 1 de Mérida por la que ha decretado, esta pasada noche, el ingreso en prisión y sin fianza de su secretario general, Ignacio Huertas, y del secretario de Organización, Maximiano Alcón, por el presunto fraude investigado por la Guardia Civil en el seno del sindicato.
"Demostraremos nuestra inocencia", han señalado desde la organización tras conocer, de manera oficial, la decisión de la jueza, puesto que, según indican en un comunicado, varios medios de comunicación informaron sobre el decreto judicial antes de que lo conocieran los propios interesados y sus abogados.
Cabe recordar que los otros cinco detenidos el pasado miércoles por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Tellus', habían salido en libertad con cargos la madrugada del sábado, tras varias horas en los juzgados de Mérida prestando declaración.
Se trata de María Antonia Alcalá, José Cruz, Miguel Leal e Ignacio Trejo, todos ellos miembros de UPA-UCE, además de Juan Miguel Apolo, que es el gerente de la empresa contratada por la organización para el asesoramiento.
Huertas y Alcón comenzaron su declaración el sábado sobre las 13,00 horas y ya por la noche se conoció la decisión de la magistrada de que entraran en prisión, una decisión que la organización agraria ha calificado como "tremendamente injusta e ilógica", y ha asegurado que "la decisión ya estaba tomada antes de celebrarse la vista".
En este sentido, subrayan que los medios de comunicación informaron de la noticia a las 20,45, "horas antes de que los propios interesados y sus abogados conocieran la pena de prisión e incluso antes de celebrarse la vista".
UPA-UCE ha vuelto a exigir la "liberación inmediata" de sus dos responsables y ha pedido a la jueza que reflexione sobre la "lógica y la conveniencia" de una medida que han tildado de "desproporcionada".
La organización ha asegurado que han sido "víctimas de una falsa denuncia" que ha hecho incurrir en un "grave error" a la Guardia Civil. Las formas en que se ha desarrollado la operación han sido, en su opinión, "vergonzosas y humillantes", y creen que el Instituto Armado "debería haber tenido en cuenta el prestigio de unas personas que son conocidas, queridas y respetadas" en la historia del sindicalismo agrario de la región.
"El sentimiento es de injusticia y de desmesura", han reconocido miembros de la organización, que insisten en que no creen que haya "ningún delito" en la gestión de las ayudas al asesoramiento a explotaciones, ya que las subvenciones "se recibieron en tiempo y forma y los trabajos se hicieron y se presentaron ante la Junta de Extremadura".
UPA-UCE ha explicado que ya están analizando todo lo ocurrido y preparando su defensa, al tiempo que se señalan que el apoyo recibido ha sido "muy fuerte", lo cual "prueba" que son "una organización querida y respetada por la sociedad". "Demostraremos que somos inocentes", han concluido.
