(Am)El BNG deriva a la Xunta decidir responsables por la agente electoral, pero el dictamen pactado con el PSOE lo evita

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG mostró hoy su convencimiento de que el Gobierno gallego "estará a la altura de las circunstancias" en el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG y derivó al Ejecutivo autonómico decidir los responsables de este caso, pese a que en el dictamen que pactaron los grupos que sustentan el bipartito, socialistas y nacionalistas se limitan a recoger "los hechos probados" en torno a este caso sin establecer responsabilidades políticas sobre ningún miembro de la Xunta.

Al término de la reunión de la ponencia de la comisión de investigación abierta en el Parlamento por este caso, en la que se aprobó el dictamen con el voto en contra del PPdeG, el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, confió en que el Gobierno autonómico tomará las "decisiones que considere oportunas". "Como aseguró el presidente de la Xunta que haría", apostilló.

Así, Aymerich aludió al caso de Pilar Pin, que fue forzada a dimitir como directora gerente de la Fundación Galicia Emigración por entregar ayudas asistenciales a emigrantes en pleno periodo electoral, para argumentar que en ese caso el Gobierno estuvo "a la altura de las circunstancias" y que espera "que ahora también lo esté".

"Mi fundamento racional es la experiencia; espero que sea una esperanza fundada y no una mera ingenuidad", aseveró y, aunque apeló a la división de poderes y subrayó que no se hizo "causa de pedir cabezas" en el dictamen, reiteró que al Gobierno "le corresponde actuar".

POSTURA DEL PSOE.

Por contra, el socialista Xaquín Fernández Leiceaga consideró que el texto indica que "hubo deficiencias que deben ser corregidas" pero no acredita que hubiese ningún "comportamiento de carácter doloso", por lo que entiende que el Gobierno no tiene que decidir cese de ningún tipo. Aunque mostró su "respeto" por las declaraciones de Aymerich, matizó que "no se corresponden" ni con el dictamen aprobado hoy ni con "lo visto" a lo largo de los trabajos de la comisión parlamentaria.

En esta línea, destacó la "exculpación reiterada" que, a su entender, se hizo en este foro parlamentario y subrayó que el Gobierno gallego siguió los trámites administrativos correctos para conceder el billete de avión a la supuesta agente electoral. En consecuencia, rechazó que existan responsables políticos que deban culminar en ceses o dimisiones.

El diputado socialista insistió en que el caso de la supuesta agente electoral "es un montaje". "Lo sigo sosteniendo", sentenció, y apuntó como "agentes" de esta maniobra al PP y a la propia María Isabel Blanco. Por contra, el portavoz nacionalista mantuvo que "los hechos están ahí y había quien sostenía que esto era sólo un montaje hasta ahora".

VÍA JUDICIAL.

Pese a que el dictamen aprobado por socialistas y nacionalistas no da por probado que Blanco actuase como agente electoral, Aymerich mostró su "convicción personal" de que "lo fue y de que no fue ella sola". En todo caso, justificó que no aparezca en el texto pactado por los socios de la Xunta porque, mientras que la supuesta agente electoral "lo afirmó", el alcalde de Muxía, Félix Porto, "lo negó".

En esta línea, insistió en que, al margen de su opinión personal, "hay que poner lo que está acreditado", ya que la ponencia "tiene que se aprobada por otros grupos, otros socios". Preguntado por la posibilidad de remitir el dictamen a la Fiscalía, Aymerich respondió que si el Ministerio Fiscal fuese "independiente" podría actuar de oficio y pedir el dictamen para analizarlo. "Si lo pide, el BNG se lo entregará gustoso", garantizó.

Mientras, el portavoz del PP en la comisión de investigación, Antonio Rodríguez Miranda, afirmó que no descartan acudir a los tribunales "si no queda otro remedio". Aunque, de momento, los populares agotarán "las vías políticas", estudiarán la vía judicial si no tienen "garantías" de poder "demostrar lo denunciado".

VOTO FAVORABLE DEL BNG "A CAMBIO DE QUÉ".

Tras conocer el dictamen, el diputado popular afirmó que hoy es "un día triste" para Galicia y para la democracia y mostró su "sorpresa rodeada de decepción" por el pacto de los socios de la Xunta. Así, preguntó al BNG "a cambio de qué" otorga "patente de corso" al PSdeG pese a las "irregularidades claras en las que incurrió".

Al respecto, aludió a dos "claves": por un lado, "mantener el poder" y, por el otro, evitar "transmitir fricciones" ante la cercanía de las próximas elecciones autonómicas.

Además, dedujo que existe un partido que tiene "total impunidad" para cometer "actos ilícitos e incluso supuestas irregularidades", en referencia al PSOE, y otro, en alusión al BNG, que le "da garantías" para ello. Por eso, se opuso a que la formación frentista "siga tachándose de inmaculada e impoluta" porque, a su entender, está "supeditada únicamente a los intereses del poder".

DICTAMEN.

El dictamen pactado por BNG y PSdeG establece como "hechos" que María Isabel Blanco, viajó a Argentina con un billete a cargo de la Secretaría General de Emigración, en virtud de un convenio con Iberia, para visitar supuestamente a una hermana que, sin embargo, se encontraba en Vimianzo (A Coruña), así como que fue contratada, gracias a una subvención de la Consellería de Traballo, por una asociación ourensana pero que, no obstante, trabajó para el sindicato Unións Agrarias en la provincia de A Coruña.

Además, el relato de los hechos indica que María Isabel Blanco pasó 53 días en Argentina y alude a la coincidencia de ese periodo temporal con los de precampaña y campaña electoral de las elecciones municipales de 2007. También da por probado que coincidió y participó en actos electorales con su "jefe directo", el representante de Unións Agrarias y candidato a la Alcaldía de Muxía en aquel momento, Félix Porto.

Ante estos hechos, PSdeG y BNG reconocen en las conclusiones que la concesión del billete no es el procedimiento "más adecuado" y que "debe ser mejorado" y señalan que "parece que hubo una modificación sustancial" en el uso de la ayuda concedida a Viticultores do Castro.

Esto último "habilita" a la Xunta, según el dictamen, a continuar con el expediente informativo abierto puesto que, alertan, de este hecho "se puede derivar responsabilidad de la Administración gallega ante la Unión Europea", al tratase de programas financiados con fondos comunitarios.

REFORMAS DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL.

Puesto que consideran la legislación electoral vigente el "paño de fondo" de casos como este, PSdeG y BNG abogan por modificar la actual normativa. Así, proponen que la Xunta modifique la legislación electoral autonómica para que los votos del exterior se contabilicen tres días después de las votaciones, en lugar de ocho. Asimismo, exigen que las Cortes modifiquen la Ley Orgánica del Régimen Electoral General antes de las próximas elecciones autonómicas para que los emigrantes voten en las mismas condiciones que las personas residentes en Galicia.

A modo de "recomendaciones", también abogan por ampliar el contrato de patrocinio con Iberia a otras compañías interesadas y sugieren a la Xunta que regule "con concurrencia y publicidad" la normativa de viajes al exterior en caso de "razones humanitarias" y que se paguen con fondos del Ejecutivo gallego. Además, recomiendan a Traballo revisar las bases que regulan la concesión de subvenciones para comprobar que "no hay una alteración sustancial" en el objeto de las mismas.

Por último, socialistas y nacionalistas proponen en el dictamen, que deberá ser ratificado en la comisión de investigación y aprobado en el Pleno del Parlamento, que la Xunta "limite" los viajes al exterior a partir de la convocatoria de elecciones autonómicas a aquellos casos de "obligado cumplimiento o extrema urgencia".