Mantiene sus "aspiraciones" de volver a optar a la Presidencia provincial y asegura que se respetó "escrupulosamente" la ley
LUGO, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, vinculó hoy la intervención judicial en el organismo provincial por un supuesto delito de fraude en la adjudicación de obras públicas con "una operación política con vistas a las próximas elecciones" municipales de mayo de 2007.
En una rueda de prensa, Cacharro insinuó que, tras esta "operación política", ve a los socialistas, aunque pidió disculpas por sus declaraciones de ayer en las que equiparó a la Fiscalía de Lugo con el PSOE. A su juicio, esta operación que lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, busca "desviar la atención sobre otros asuntos de actualidad" en el panorama nacional.
No obstante, Cacharro también atacó al fiscal-jefe de la Audiencia de Lugo, Jesús Izaguirre, de quien dijo que esta operación "se engloba dentro de una proyección de desequilibrio personal" y tachó de "despropósito" la "espectacularidad de los medios policiales" empleados para llevar a cabo la intervención en la Diputación de Lugo y en empresas supuestamente favorecidas por la adjudicación de obras.
Según relató Cacharro, "toda la información que el fiscal precisaba ya obraba en su poder" porque la Diputación Provincial remitió a la Fiscalía expedientes de contratación de proyectos desde hace 10 años y se facilitó la documentación requerida judicialmente. Por ello, calificó de "desproporcionada, absurda e interesada" la operación e ironizó con que se entró "al estilo Colombo" en el Pazo de San Marcos, que alberga la sede del organismo provincial. Por el momento, han sido detenidas nueve personas por su supuesta vinculación en este fraude en la adjudicación de obras públicas, aunque hay una décima orden de arresto contra otro implicado que se encuentra en paradero desconocido.
OPERACIONES MENORES
Cacharro indicó que los procedimientos de obras públicas investigados en empresas como la consultora de ingeniería Senén Prieto y la empresa de señales y mobiliario urbano Setramur se refieren a "operaciones menores".
Al respecto, explicó que "en ningún caso" se trata de adjudicaciones de obras, sino de atribución de proyectos técnicos y direcciones de obras con unos montantes que, según los datos que ofreció, "no superan al año los 120.000 euros".
En cualquier caso, Cacharro dijo que mantiene sus "aspiraciones" de repetir como candidato del PPdeG a la Presidencia de la Diputación de Lugo en las elecciones municipales de 2007 porque cree que esta actuación judicial y policial "tampoco" le pueden "impedir continuar con sus obligaciones políticas".
El dirigente popular aseguró que el organismo que dirige "ha observado siempre escrupulosamente todas las normas legales de contratación" e indicó que no tiene "ninguna noticia" acerca de que algún funcionario provincial pudiese desempeñar actividades incompatibles con su cargo. Por ello, lamentó que se haya "sometido a unos funcionarios a la humillación de acudir esposados" a su puesto de trabajo durante los registros en el Pazo de San Marcos.
DIFERENCIA DE SENSIBILIDAD
El presidente de la Diputación de Lugo reprochó al poder judicial "la diferencia de sensibilidad" que se aplicó en este caso y la que se tiene con el entorno de Batasuna, puesto que "a Otegui no se le llevó así" cuando debió comparecer ante la Audiencia Provincial.
Al respecto, señaló que los funcionarios de la Diputación de Lugo detenidos son "ciudadanos pacíficos, ciudadanos normales que no llevan bombas", pero sin embargo, "son esposados y han de pasar por el escarnio de la observancia de sus compañeros" en las oficinas del organismo provincial e incluso "en la calle".
