La jueza revoca el archivo de la causa y acepta que se practiquen diligencias periciales, pero no la declaración de posibles imputados
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, María Elena Fernández Currás, ha aceptado "parcialmente" los recursos presentados en su día por el Ministerio Fiscal y por una particular, de forma que reabrirá las diligencias periciales para investigar si hay delito penal en las supuestas irregularidades en relación a la la gestión y construcción de la Cidade da Cultura (CdC), en el Monte Gaiás, en la capital gallega; según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales.
La gestión realizada por gobiernos del PP al frente de la Xunta en relación con la construcción de la CdC entre los años 1999 y 2004, bajo un proyecto arquitectónico de Peter Eisenman, ha suscitado en los últimos tiempos la apertura de varias investigaciones de tipo judicial --por el juzgado compostelano y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas-- y político --la Comisión de Investigación de la Cámara gallega--.
En el procedimiento que se sigue en le Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, el nuevo auto, al que ha tenido acceso Europa Press, significa que la titular atiende "parcialmente" los recursos formulados por el Ministerio Fiscal y por Mar Peteira Cabanas, la denunciante particular y miembro de la plataforma 'Cultura Sí, Mausoleo Non', ante la decisión de sobreseimiento de la causa dictada el pasado 25 de octubre de 2007. Así, se revoca ese primer auto y se retoman las pesquisas sobre indicios de delito penal.
ARCHIVO INICIAL
A finales del pasado mes de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago decidió el archivo provisional de la causa abierta en relación a la actuación surgida a partir a una denuncia de una particular formulada el 13 de agosto de 2007 y remitida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El argumento para el archivo fue que, aunque a partir del Informe del Consello de Contas de 2004 se detectó "un desfase presupuestario", al no existir una "contraprestación", la jueza consideró que "no existía malversación y que, por tanto, no hay causa penal", indicaron entonces fuentes vinculadas al caso.
El nuevo auto, con fecha del 22 de enero de 2008, constata que el sobreseimiento de la causa se debió a que de la única información que acompañaba la denuncia --el informe del Consello de Contas-- "no cabía concluir la existencia de hechos con relevancia penal ni indicios de responsabilidad criminal contra personas, entidades y organismos que justificasen la incoación del procedimiento".
NUEVA INTERPRETACIÓN
No obstante, tras los recursos y tras un nuevo examen del informe del Consello de Contas, la jueza entiende que las reclamaciones deben estimarse, "al menos parcialmente", porque aunque de la información disponible "no se concluyen hechos con relevancia penal imputables a personas, entidades u organismos, también es cierto que no cabe excluir 'ab initio' que no existan hechos penalmente relevantes".
Pese a que los recurrentes habían pedido la declaración de imputados, previa averiguación de la identidad de los responsables de las decisiones indiciariamente delictivas, la jueza sólo admite la práctica de diligencias periciales --como solicitó la Fiscalía-- para concretar si de todas o alguna de las irregularidades administrativas que se mencionan en el Informe del Consello de Contas y del desfase presupuestario y desvío económicos en la redacción de proyectos y ejecución de obras "cabe extraer hechos de relevancia penal". Por último, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago requiere al Ministerio Fiscal que concrete el órgano al que propone que se encomiende y, en lo posible, que se concreten "con mayor precisión" los extremos a investigar.
