La entrada en vigor del documento está "a expensas" del informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Ordenación del Litoral (POL) ha recibido este jueves la aprobación provisional y, según ha informado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sólo queda pendiente del informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente para que entre en vigor. Ordena 215.359 hectáreas, un 7,27 por ciento de la superficie de Galicia y "tres veces más" que la denominada ley de 500 metros, que impulsó por el bipartito.
Lo ha explicado el presidente autonómico en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta --que excepcionalmente se celebró por la tarde--, donde ha asegurado ser consciente de que este plan "llega con retraso" puesto que la Comunidad gallega era hasta ahora la "única" del arco atlántico "sin ningún instrumento" de ordenación para su territorio costero. Por ello, ha argumentado Feijóo, publicar esta orden era "inaplazable".
En este escenario, Feijóo ha celebrado que su Gobierno haya "hecho los deberes" y ha destacado que la aprobación provisional del POL se suma a la de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) hace dos semanas. De hecho, el Ejecutivo autonómico incide en que esta herramienta servirá a la Administración autonómica, pero "sobre todo" a la local, para conocer las reglas de juego de la ordenación del litoral.
La orden, que se publicará el próximo día 3, refleja el mantenimiento de la suspensión acordada por la orden del 23 de julio de 2010 de todas las acciones que contradigan los valores del suelo puestos de manifiesto en este plan territorial integrado y, por otra parte, levanta la suspensión a una serie de ámbitos donde se considera que su desarrollo no contravenía los criterios del POL.
Según ha señalado Feijóo, quien ha manifestado reiteradamente que "ordenar no significa prohibir", en esta fase se levantaron 216 hectáreas correspondientes a 27 suelos situados "sobre todo" en la provincia de A Coruña.
En concreto, durante esta fase de información pública que ha precedido a la aprobación provisional se han recibido nuevas aportaciones que actualizaron la información disponible y tuvo lugar también la aprobación de nuevos planes generales de ordenación municipal (PGOM) --adaptados a la ley de ordenación urbanística galelga-- en ayuntamientos del ámbito de aplicación del POL (Muros, Valga, y más recientemente Dodro, que se suman a Paderne, Laxe, Oleiros, Vigo y A Pobra do Caramiñal).
Según indica la propia normativa del documento, el plan no es de aplicación al suelo urbano no consolidado y al urbanizable delimitado de estos municipios (salvo adaptación voluntaria), como tampoco afecta al suelo urbano consolidado ni al de núcleo rural.
OTROS ACUERDOS
Por otra parte, el Ejecutivo gallego iniciará en 2011 las obras de construcción de la primera fase del puerto seco de Monforte, con una inversión de 5,5 millones de euros, dando "un paso más" en la puesta en marcha de esta infraestructura para que sea "una realidad" en el horizonte de esta legislatura, al mismo tiempo que también avanza en las conexiones de la plataforma logística con las vías de alta capacidad (VAC).
En su reunión semanal, la Xunta ha aprobado también un convenio de colaboración técnico-financiera entre los ayuntamientos ourensanos de Nogueira de Ramuín y A Peroxa y la Consellería de Medio Ambiente para la construcción de un nuevo puente sobre el río Miño, en Os Peares. El Gobierno gallego realiza una aportación económica de más de 2,7 millones de euros distribuidos en tres anualidades.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha iniciado los trámites para recibir la vía provincial que une Cachafeiro y Vilapouca, en Forcarei (Pontevedra). Esta transferencia está encaminada a completar la vertebración y lograr una red de carreteras "coherente", tanto en los recorridos de ámbito autonómico como en los ámbito provincial.
Por último, el Consello de la Xunta ha dado este jueves el visto bueno al decreto por el que se establece la regulación orgánica de los conservatorios de la Comunidad, en el que se establece para estos centros un marco de organización, funcionamiento y gobierno diferenciado de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen general.
