El Ayuntamiento de Ourense podrá expropiar los solares que no sean edificados en dos años para forzar su construcción

OURENSE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ourense podrá expropiar y decretar la edificación forzosa de un solar que lleve dos años sin ser edificado para convocar un concurso público que permita adjudicar los terrenos a un nuevo promotor, según recoge una ordenanza municipal que regula la creación de un registro de solares y terrenos sin urbanizar, que será llevado a pleno el próximo mes de mayo para su entrada en vigor en un plazo aproximado de tres meses.

La ordenanza municipal también prevé el mecanismo de que la intervención del Ayuntamiento para forzar la edificación de un solar que permaneció vacío durante dos años se pueda realizar "de manera directa, a través de una sociedad urbanística", pero este mecanismo público está aún sin crear.

Estas posibilidades están recogidas en la Ley del Suelo de 2002 de Galicia, pero su desarrollo no es habitual entre los ayuntamientos gallegos. Además, la ordenanza también estipulará un periodo de dos años antes de que los propietarios de edificaciones declaradas en ruinas o paralizadas sean obligados a proceder a su rehabilitación, demolición o reconstrucción forzosa.

Según explicó hoy en rueda de prensa la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Aurea Soto, esta ordenanza pretende frenar la especulación urbanística, ya que el registro de solares y terrenos sin urbanizar servirá para "ejecutar motu propio" por parte de la Administración local algunos terrenos que "se encuentran vacantes" desde hace muchos años.

En el registro deberán inscribirse solares no edificados, construcciones paralizadas y edificaciones derruidas, ruinosas o inadecuadas --las que tengan una manifiesta desproporción con la altura legalmente autorizada en la zona--.

La concejal explicó que esta figura ya existe en la legislación vigente y que "ya tendría que estar en funcionamiento", aunque "no existía". Por ello, manifestó que se trata de un "modelo" que recoge que la intervención de la administración en el suelo "es una obligatoriedad por ley desde 1956".

BIEN PÚBLICO.

La responsable de la cartera de Urbanismo aseguró que un suelo "es un bien público que no se puede recuperar", por lo que "pertenece a todos", y manifestó que "es obligación de la Administración intervenirlo, controlarlo y dirigirlo". "Cuando llegamos al gobierno municipal nos encontramos con que no teníamos los instrumentos legales para poder hacerlo", argumentó.

Por ello, explicó que, con la entrada en vigor de la nueva ordenanza, una vez que una parcela "se introduzca en el registro de solares", si el propietario del mismo "no ejecuta" en un plazo de dos años, "o bien se expropia, o se ejecuta y se devuelve el resultado quitándole gastos" a través de un agente edificador.

Soto explicó que, con la entrada en vigor de esta nueva ordenanza municipal, los suelos que están "clasificados para edificar" tendrán un plazo de dos años para urbanizar desde su inscripción en el registro de solares. A partir de ahí, se establecerá un plazo de "dos años para ejecutar" y, si pasado ese plazo "no se han ejecutado", el Ayuntamiento de Ourense intervendrá en los mismos a través de un "agente edificador".

HERENCIA COMPLICADA.

Aurea Soto manifestó que el Gobierno local cuenta con una "herencia complicada", aunque tiene que "mantener la actividad económica de la ciudad". "El poder ejecutivo es el que salió de urnas y no es el mismo que el que había durante los últimos años ni el que está en la Diputación", indicó.

La edil socialista aseguró que lo que ocurrió con la venta de la Finca Santamarina a la inmobiliaria Flager es "un ejemplo" de lo que el actual Gobierno "nunca permitiría que ocurriera en el planeamiento urbanístico de la ciudad". Una sentencia del TSXG dio por buena la venta de la finca efectuada por la Diputación de Ourense en el año 2001 a Flager, tras las denuncias del PSOE y BNG que veían en la misma una "especulación".

Aurea Soto aseguró que esta venta "jamás habría ocurrido" si el poder ejecutivo del gobierno local ourensano "hubiese gestionado el patrimonio público desde la Diputación". En este sentido, la responsable de Urbanismo manifestó que con "todo el respeto al poder judicial", los ciudadanos "tiene otro poder que es el ejecutivo" y la situación de la Finca Santamarina "es lo que nunca consentiría el PSOE y BNG".