El CES propone unificar la tarjeta social y la sanitaria y crear un vicevaledor del Sistema Galego de Benestar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello Económico e Social (CES) propone que la futura tarjeta social gallega, que prevé crear la Ley de Servizos Sociais que promueve la Vicepresidencia de la Xunta, se unifique con la tarjeta sanitaria, así como crear una figura a la que los usuarios del Sistema Galego de Benestar puedan dirigirse, para lo cual pone como ejemplo el vicevaledor del paciente que crea la Lei de Saúde.

En el dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Servizos Sociais de Galicia que hoy aprobó el pleno del CES, y al que tuvo acceso Europa Press, este órgano consultivo advierte de que para garantizar la eficacia del Sistema Galego de Benestar, "será necesario un compromiso financiero por parte de las administraciones públicas competentes" para que "los derechos reconocidos legalmente se traduzcan en derechos reales".

El CES considera necesario definir conceptos como "conflicto social" y aclarar la función y el destino del cheque-servicio y pide clarificar que esta legislación complementa la Ley de Dependencia estatal.

Además, recomienda a la Xunta que exista un único sistema informático que aglutine las diferentes áreas de bienestar social "para evitar duplicidades" y "facilitar la labor de seguimiento", además de llevar a cabo un registro informatizado de todas las demandas que se produzcan y las no atendida, en el que se especifique "el por qué de la negativa".

Como en los otros tres dictámenes aprobados hoy --Ley de Pesca, de Vivenda y de Turismo--, el CES hace constar también en este caso su queja por que el Gobierno gallego haya recurrido al trámite de urgencia y alerta de que "va en menoscabo de la función consultiva" que le corresponde a este órgano. En este caso, al dictamen se incorporaron dos votos particulares de la Confederación de Empresarios de Galicia y del Sindicato Labrego Galego.

TRATAMIENTO URGENTE.

La ley promovida por Vicepresidencia estructura los servicios sociales en dos niveles de actuación: comunitarios y especializados y ante ello, el CES pide que el primer eslabón, que es predominantemente local, cuente con un protocolo de tratamiento urgente para que las personas en una situación de gran dependencia o dependencia severa "puedan ser atendidas con la celeridad precisa".

Asimismo, el Consello Económico e Social apuesta por que la ley prevea la creación de áreas supramunicipales para que en los ayuntamientos "demasiado pequeños" quede también garantizada la prestación de servicios sociales.

Para el CES, es positivo que se cree el profesional de referencia, que será como en la sanidad el médico de cabecera, pero advierte de que en la ley se hace una previsión normativa "escasa", por lo que propone que se dejen establecidas sus funciones, dependencia orgánica y atribuciones como coordinador del expediente social básico.

Además, en cuanto a los trabajadores de la Axencia Galega de Servizos Sociais, el CES aboga por que se le aplique el mismo régimen de acceso que al personal laboral de la Xunta. Respecto a este órgano, valora que su régimen jurídico sea íntegramente público, pero advierte de que la autonomía en su gestión que propugna el texto legislativo "no podrá en modo alguno suponer una merma del control y responsabilidad públicos".

El CES también demanda que en la Lei de Servizos Sociais se establezcan compromisos temporales para la creación de la Comisión Interdepartamental de Servizos Sociais, la constitución de la Mesa Galega de Servizos Sociais y para el desarrollo reglamentario de la figura de los cuidadores no profesionales, incluido un plan público de formación específica en materia de atención a la dependencia.

Además, a juicio del órgano consultivo, las funciones de los servicios sociales comunitarios básicos deberán ser desarrolladas reglamentariamente, así como las ayudas técnicas dentro del sistema gallego de servicios sociales y la creación y participación en las comisiones dentro del Consello Galego de Benestar Social. También propone una reglamentación posterior sobre la composición y el funcionamiento del Observatorio Galego de Servizos Sociais.