SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consello de la Xunta aprobó hoy el proyecto de Lei de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, que establece un porcentaje del 40 por ciento de reserva de suelo para vivienda protegida en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, del 30 por ciento en los de menos población y que permitirá a los municipios de menos de 5.000 habitantes quedar exentos de cualquier reserva en determinadas circunstancias.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión con su gobierno que podrán quedar exentos de la reserva de suelo para vivienda protegida aquellos municipios menos poblados en los que el Plan General de Ordenación Municipal no contenga previsiones para nuevos desarrollos urbanísticos que superen las cinco viviendas por cada mil habitantes.
"En los que no hay demanda residencial de vivienda prácticamente de ningún tipo", concretó el jefe del Ejecutivo gallego, que también avanzó que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes "con una parte muy importante de suelo residencial de segunda vivienda" y que acrediten que la reserva del 30 por ciento es excesiva, podrán ver reducido el porcentaje al 20 por ciento.
Touriño recordó que la ley establece un "criterio básico y fundamental" de reserva del 30 y del 40 por ciento y explicó que estas dos "matizaciones" pretenden adaptarla a situaciones específicas, tal y como habían solicitado los ayuntamientos cuando fueron consultados por la Xunta.
VIVIENDA PROTEGIDA.
El máximo mandatario autonómico consideró que la nueva normativa va en la línea de garantizar el derecho constitucional del acceso a vivienda digna y contribuirá a impulsar la construcción de vivienda de protección oficial a un precio razonable, "el instrumento más eficaz para que los ciudadanos tengan vivienda digna a un precio razonable".
Touriño definió como "muy robusta y nacida del diálogo" la ley, que modificará la Lei do solo 9/2002 y cuyo principal objetivo es garantizar la efectiva construcción de viviendas protegidas, de tal forma que pueda beneficiar al 80 por ciento de los demandantes de vivienda de Galicia. "No está pensado para sectores de población de muy muy muy baja renta", advirtió.
El texto normativo creará una red de suelo dotacional público al establecerse una cesión obligatoria a la Xunta por parte de los promotores de suelo urbanizable de uso residencial. La cesión será de 2,5 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros de edificabilidad "y no mengua el aprovechamiento obtenido por particulares ni por ayuntamientos".
PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN.
Asimismo, el proyecto de ley también fija plazos para garantizar que se construyan las viviendas de protección, que no podrán ser superiores a los que se fijen para edificar vivienda libre. En caso de que se incumplan los plazos, el ayuntamiento decretará la inscripción obligatoria en el registro de solares y dos años más tarde decretará la edificación forzosa.
Además, establece normas para distribuir la vivienda protegida en cada ayuntamiento, evitando su concentración, de forma que favorezca la cohesión social y evite la formación de zonas marginales. Así, la vivienda protegida "no se puede recluir en una determinada zona ni puede ser postergada en el tiempo", resumió Touriño.
Por otra parte, la Xunta explicó que las disposiciones transitorias de la ley facilitarán que los ayuntamientos continúen la tramitación de los planeamientos que estén ya en elaboración. De esta forma, para los PGOM y planes de desarrollo que se encuentren en trámite en el momento de entrada en vigor de la ley, ésta establece unas disposiciones transitorias para que puedan proseguir y alcanzar la aprobación definitiva.