Fiscalía solicita para él y otros concejales en el momento de los hechos 12 años de inhabilitación
A CORUÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El que era alcalde de Cee en 2015, Ramón Vigo, acusado de un delito de prevaricación administrativa por la contratación de una obra, ha alegado que cambiaron el sistema de adjudicación de la misma "por premura" para no "perder" una subvención de la Diputación de A Coruña.
Así lo ha explicado el encausado durante el juicio celebrado este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, en el que también están procesados cuatro concejales de la junta de gobierno local por el mismo delito como coautores.
En la lectura de conclusiones, la Fiscalía ha mantenido para cada uno de ellos la petición de una pena de inhabilitación durante 12 años. En contraposición, las defensas solicitan para sus defendidos la libre absolución.
"El problema es que teníamos una obra que en diciembre tenía que estar, estábamos en agosto e intentamos hacerlo lo más rápido posible dentro de la ley", ha indicado el exregidor durante la vista al alegar que optó por un procedimiento negociado de contratación "por la premura", por temor a "perder" la ayuda otorgada por la institución provincial.
"Soy médico, no soy jurista, pero mi experiencia me dice que en muchas ocasiones se producen dilaciones y se pierden subvenciones, un procedimiento abierto tenía más probabilidad de que se dilatase en el tiempo con riesgo a perderla", ha argumentado para justificar su decisión.
Tras afirmar que tenía conocimiento de que los informes de la secretaria y la interventora del Ayuntamiento advertían de que este proceso "no seguía los cauces normalizados", Ramón Vigo ha añadido que en ese momento consultó con una abogada, su "hermana", quien le aseguró que "no veía problema en que se hiciera así".
En la misma línea, ha recordado que, con posterioridad, la Diputación de A Coruña emitió un "informe más completo que valida la decisión" municipal. "Es un procedimiento que hacían alcaldes antes de mi llegada y lo hace la alcaldesa actual, la denunciante, cuando corresponde, no es algo extraño, no tiene por qué contradecir la norma", ha puntualizado.
CONCEJALES
De los cuatro concejales miembros de la Junta de Gobierno local de entonces y ahora acusados, uno de ellos se acogió a su derecho a no declarar en la vista. El resto de ediles han manifestado que eran "conocedores" de los informes desfavorables emitidos por la secretaria y la interventora municipal.
Asimismo, han coincidido en que votaron "a favor" de este cambio en el sistema de contratación "por el interés público" porque era una obra que "iba muy justita de tiempo" y era "buena y necesaria para el pueblo". No obstante, han reconocido que no disponen de "conocimientos jurídicos".
"Mi confianza era plena y absoluta en su persona, en el alcalde, y me había asegurado que esta medida no tenía ningún problema jurídico, que se había asesorado", ha dicho una de las ediles.
Por su parte, la que era secretaria del Ayuntamiento ha ratificado en su declaración que en su momento comunicó a la Junta de Gobierno que el expediente del acondicionamiento de la calle Rosalía de Castro a través de un procedimiento negociado de contratación de la Ley de Contratos del Sector Público "no era correcto".
En la misma línea, la interventora municipal ha indicado en la vista que su informe fue desfavorable porque "se habían omitido elementos esenciales". Por otro lado, el asesor técnico jurídico en la Diputación de A Coruña ha avalado la actuación municipal y ha señalado que "probablemente se les echaban encima los plazos".
HECHOS
Según un escrito del Ministerio Fiscal, en concreto, en mayo de 2015 se acordó licitar el expediente del acondicionamiento de la calle Rosalía de Castro a través de un procedimiento abierto de contratación de la Ley de Contratos del Sector Público.
Previamente, la contratación se había iniciado a través de un procedimiento negociado pero se cambió, explica Fiscalía, por la ausencia de licitadores. "Siendo desde tal momento el acuerdo ejecutivo y firme, aunque el expediente de contratación no llegó a terminarse", añade.
Sin embargo, en junio de 2015 se produjo un cambio de corporación entrando como alcalde Ramón Vigo y los concejales que se han sentado también en el banquillo de los acusados.
"Una de las primeras medidas del nuevo alcalde fue dictar providencia por la que se dispuso que se iniciaran los trámites para seguir el expediente de contratación de la obra por el procedimiento negociado y sin publicidad", pese a los informes desfavorables, señala, de la secretaria municipal y la interventora que lo calificaron de "ilegal y arbitrario".
"A pesar de lo anterior, todos los miembros de la corporación municipal ahora acusados, siguiendo las instrucciones del alcalde, votaron a favor del acuerdo", sostiene el Ministerio Público que alude a que suponía contravenir "la legalidad administrativa" y que los acusados eran conocedores de ello.
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