VIGO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Vigo ha decidido reabrir las diligencias previas incoadas a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Profesional de Peritos Inmobiliarios de Galicia (APPIG) sobre una supuesta coacción por parte del alcalde, Abel Caballero, y el concejal de Seguridad, Xulio Calviño, en el pleno de aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del pasado 29 de diciembre donde varios colectivos afirmaron que se se les impidió la entrada.
En una rueda de prensa, el presidente de APPIG, Carlos González Armada, dio a conocer el auto del citado juzgado en el que, tras haber sobreseído provisionalmente el caso, decide retomarlo tras la nueva documentación ampliatoria presentada por los peritos.
González Armada explicó que en la denuncia se acusaba a Caballero y Calviño por coacciones y abuso de autoridad ante las supuestas irregularidades de acceso al pleno de aprobación provisional del PGOM, por lo que el juzgado vigués ha decidido separar estos dos conceptos y, por una parte, integrar las coacciones en el procedimiento iniciado a raíz de la denuncia judicial de varios vecinos de Sárdoma por el mismo motivo.
Por otra parte, también seguiría adelante la referida al supuesto abuso de autoridad, aspecto sobre el que los peritos inmobiliarios son el único colectivo personado ante las autoridades judiciales.
NUEVA DOCUMENTACIÓN
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Vigo decidió sobreseer provisionalmente la denuncia interpuesta por APPIG contra Caballero y Calviño tras la información aportada por el gobierno local al respecto del pleno del pasado 29 de diciembre. Sin embargo, los peritos presentaron posteriormente alegaciones por las que se ha decidido retomar el caso y continuar la investigación de los hechos para aclarar si existió alguna irregularidad.
Así, Carlos González Armada explicó que ahora serán los miembros de APPIG los que decidirán si continuarán con el procedimiento abierto por el supuesto abuso de autoridad y también por el de coacciones, o si sólo mantienen el segundo, al considerar suficiente que salga adelante sólo uno de ellos.
Por otra parte, Carlos González Armada explicó que el procedimiento que la asociación interpuso por la vía contencioso-administrativa sobre los supuestos problemas de acceso el mismo pleno del Plan General también sigue adelante. Según explicó, en el caso de que el proceso contra Caballero tuviese una resolución favorable para APPIG, podría servir de prueba para el contencioso.
PGOM
Además, el responsable de APPIG afirmó que la junta directiva del colectivo ha decidido no seguir adelante con las acciones legales contra el plan urbanístico puesto que, una vez aprobado, entiende que "se haría más daño que bien", ante la posibilidad de que dieran lugar a un posible "estancamiento urbanístico" a la ciudad. En todo caso, mantuvo su consideración de que es un documento "inseguro jurídicamente".
Por otra parte, González Armada urgió la creación de un Área Metropolitana de Vigo y se mostró favorable a la iniciativa legislativa popular promovida por la Federación Vecinal 'Eduardo Chao'. "Las provincias están obsoletas", afirmó, al tiempo que recordó que ya existe un proyecto de organismo supramunicipal consensuado en su día entre 14 municipios.
Por su parte, la vicepresidenta de la asociación de peritos, Ana Parrado, hizo una valoración sobre la situación del bilingüismo en Galicia y descartó la existencia de problemas con el uso del gallego y el castellano, puesto que es un asunto "perfectamente legislado" y porque ambos idiomas tienen la "misma validez". Por ello, se mostró en desacuerdo con "posturas extremas" y aseguró que "se pueden conciliar perfectamente las dos lenguas".