El PPdeG llama a PSdeG y BNG a apoyar mañana su propuesta de reforma de la Ley de Costas para "devolverle la moralidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) reivindicó hoy la necesidad de "devolver la moralidad" a la Ley de Costas de 1988, por lo que pidió a socialistas y nacionalistas que apoyen la modificación de esta normativa que la oposición propondrá mañana en el Pleno del Parlamento.

En rueda de prensa, el impulsor de esta reforma legislativa, el diputado popular Enrique López Veiga, reflexionó que la aplicación de la Ley en algunas zonas del litoral gallego "puede ser legal" pero matizó que genera "verdaderas inmoralidades". Como ejemplo, comentó que los deslindes afectan al edificio Salitre en Moaña (Pontevedra), en el que vive "gente humildísima que se quedará sin la propiedad pero con la hipoteca".

A esto contrapuso la construcción de viviendas, "a poco más de 20 metros de la costa", en un pinar en Cabo Deiro, en Illa de Arousa. "A esta villa de vacaciones con propietarios muy significados --en alusión a a políticos en activo-- no toca", criticó y, puesto que "no tiene explicación", justificó la necesidad de modificar la Ley de Costas.

Para los populares, la reforma legislativa es la "solución definitiva" a "todos los problemas" derivados de la aplicación de esta norma del 88, frente a la propuesta de la Xunta que, a través de una enmienda a la Ley de Vivienda, busca frenar los deslindes costeros impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente cuando afecten a edificaciones que fueron construidas legalmente.

LIMITACIONES DE LA ENMIENDA

Aunque esta propuesta fue aceptada por los tres grupos parlamentarios, el PPdeG cuestiona su utilidad. En concreto, el portavoz parlamentario de los populares, Manuel Ruiz Rivas, avisó de que "no resuelve todos los casos" y, además, "no entrará en vigor de forma inmediata".

En la misma línea, López Veiga advirtió de que la enmienda promovida por la Consellería de Política Territorial --en la que se obligará a la Administración del Estado a respetar las autorizaciones urbanísticas concedidas por la comunidad autónoma-- es "más limitativa" que el decreto aprobado en 2002 por el anterior Ejecutivo popular con el mismo objetivo y que fue recurrido por el Estado.

Así, el ex conselleiro de Pesca explicó que la propuesta del Gobierno Fraga establecía de forma general que "bastaba con que el suelo fuese rural para considerarlo urbano", mientras que la enmienda impulsada por la Xunta lo condiciona a una serie de requisitos, como que el suelo rural cuente, por ejemplo, con sistema de evacuación de aguas residuales.

"En Vincios --donde vive López Veiga-- tenemos red de evacuación de aguas residuales desde hace sólo tres años", exclamó, por lo que consideró que la introducción de esta cláusula es otra "novatada" de la conselleira de Política Territorial, María José Caride.

A esto sumó la posibilidad de que el Gobierno central vuelva a recurrir la Lei de Vivenda, como ya hizo con el decreto aprobado por el anterior Gobierno popular, así como que "no va a llegar a tiempo" para la presente legislatura. En base a esta última advertencia, Ruiz Rivas tachó de "improvisada y oportunista" la enmienda impulsada por la Xunta, que, a su entender, hizo esta propuesta "in extremis" para contrarrestar "cuatro años de soberbia".

IR A LA RAÍZ DEL PROBLEMA

Frente a esto, abogó por ir "a la raíz del problema" y apoyar la propuesta de reforma de la Ley de Costas. "Muerto el perro, se acabó la rabia", dijo López Veiga para ilustrar la necesidad de la modificación legislativa, y reivindicó la importancia de que los tres partidos gallegos se posicionen de forma unánime a favor de esta reforma porque eso dará "mucha fuerza" a la proposición de ley, que deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados.

"Estamos haciendo gala de lo que tanto pide el Bloque, pero que nunca hace: ejercer las competencias de la comunidad", manifestó López Veiga en un guiño a los nacionalistas, con los que, no obstante, se mostró muy crítico.

A la formación frentista, López Veiga le reprochó su "silencio, connivencia y sometimiento a las órdenes" del Gobierno central en este tema. En cualquier caso, si esta iniciativa fracasa en el Parlamento gallego, los populares la llevarán igualmente a las Cortes a través de su grupo parlamentario en la Cámara Baja.

PROPUESTAS DE LA REFORMA LEGISLATIVA

En concreto, la proposición de ley del PPdeG defiende que cuando el Estado se incaute de cualquier propiedad situada en la costa en el marco de los expedientes de deslinde de dominio público, asuma "automáticamente" las hipotecas y demás cargas financieras que pesen sobre estos inmuebles en el caso de que sus propietarios decidan hacer uso de la concesión de treinta años que prevé la normativa.

Paralelamente, pretende que si los titulares de las viviendas incautadas renuncian a este derecho de ocupación, reciban del Estado un bien de características similares en un radio de dos kilómetros o una indemnización equivalente al precio de mercado.

Los populares creen necesario minimizar los "prejuicios" que la aplicación de la Ley de Costas ocasionará a "cientos de propietarios" y subrayan que esta normativa implicará a inmuebles construidos con anterioridad a la fecha de su aprobación. En su opinión, una de las principales carencias de la norma del 88 reside en que no reconoce los núcleos rurales tradicionales, un fenómeno netamente gallego para el que pide un reconocimiento explícito en la ley estatal.

Así, entre otras soluciones, propone considerar urbano el suelo que estuviese clasificado como tal en los instrumentos de ordenación vigentes entonces; que, sin estar clasificado expresamente como urbano, contase con acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro eléctrico y que estuviese comprendido en áreas consolidadas para la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie; que estuviese declarado como núcleo rural preexistente de carácter tradicional en la ordenación vigente; o que, sin estar declarado formalmente como tal, reúna todos los requisitos para estarlo.