La Fiscalía solicitaba inicialmente penas de entre seis y trece años y medio de cárcel
A CORUÑA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Siete acusados de pertenecer a un grupo criminal sospechoso de traficar con droga han aceptado penas de entre dos años y diez meses a seis años y nueve meses de prisión, tras reconocer los hechos y llegar a una acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogía este martes la sesión contra estos siete procesados por los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y atentado.
Por todos ellos, la Fiscalía inicialmente solicitaba penas de entre seis y trece años y medio de cárcel, pero finalmente la condena ha quedado rebajada a penas que van desde los dos a los seis años de cárcel.
LOS HECHOS
Los hechos objeto de delito se remontan a marzo de 2015 cuando por parte del Juzgado de Carballo se acordó la intervención de las comunicaciones vinculadas a un individuo "ante la petición policial por existir indicios de que el mismo, aprovechando su aparente actividad de taxista, estaría desplazando sustancias estupefacientes entre los poblados existentes en Coristanco y Xoane y A Colina, que son conocidos puntos de venta de drogas", señala el escrito del Ministerio Fiscal.
En el transcurso de la investigación, según apunta la Fiscalía, "se constató la existencia de un grupo criminal, con dos ramas, una la existente en el lugar de Pedras Vermellas", al frente de la cual se encontraba la principal acusada, y colaborando otra de la procesada "que venderían sustancias estupefacientes a gran cantidad de consumidores finales".
Según la Fiscalía, muchas veces estos consumidores eran desplazados hasta ahí por el otro acusado que, además, "actuaría como correo de sustancias entre esta rama y la otra", formada por otros dos acusados, que vendían las sustancias estupefacientes en dos viviendas situadas en el lugar de Xoane, en la parroquia de Goiáns, y A Colina.
Además, en el transcurso de la investigación también se daría con "la existencia de otras personas que serían los encargados de adquirir sustancias estupefacientes para abastecer a estos tres puntos de venta", según recoge el Ministerio Público.
