SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La decisión del Estado de convocar la comisión bilateral de cooperación para abordar con Galicia la rebaja del tramo autonómico del IRPF para las bases liquidables inferiores a 17.000 euros ha dado como consecuencia la aprobación por unanimidad en el Parlamento de un acuerdo para que la Xunta defienda sus competencias propias en materia fiscal.
A instancias del PSdeG, cuyo portavoz en la materia, Juan Carlos González Santín, ha defendido la iniciativa, todos los grupos han votado a favor de este extremo y de que el Gobierno gallego defienda ante Madrid "la normativa derivada de las leyes autonómicas".
Igualmente, se ha pactado un punto de la enmienda del PPdeG para exigir a la Xunta que se comprometa a comparecer anualmente en la Cámara para informar de las posibles "discrepancias" del Estado con las leyes autonómicas, y viceversa.
Sin embargo, pese a la intención manifestada por los dos grupos mayoritarios de alcanzar más acuerdos, el PPdeG no ha aceptado que el Ejecutivo gallego deba remitir al Parlamento "un informe completo" en relación con las discrepancias del Estado con los tipos autonómicos del IRPF ni solicitar "una reducción en el tipo de gravamen estatal" a las rentas más bajas.
"NO SABE QUÉ QUIERE HACER"
Para el diputado socialista, esta imposibilidad de llegar a acuerdos responde a que el PP "no sabe qué quiere hacer", a la vista de que la norma aprobada en Galicia supone bajar la carga fiscal a las rentas más bajas mientras el Gobierno central les "sube" los impuestos.
Por su parte, tanto Francisco Jorquera (BNG) como Xosé Manuel Beiras (AGE) han defendido la "validez" de las leyes aprobadas por la Cámara gallega y han criticado, asimismo, la reforma fiscal del Ejecutivo estatal.
En su turno, Pedro Puy (PPdeG) ha rebatido que esta modificación del sistema impositivo grave a las rentas más bajas esgrimiendo distintos informes y ha reivindicado su propuesta para dar "mayor capacidad de control" al Parlamento con una comparecencia anual sobre las discrepancias o cuestiones de inconstitucionalidad abiertas.
PLANEAMIENTO DE A ESTRADA
Por otra parte, el PP ha rechazado con sus votos una moción defendida por el socialista Xosé Sánchez Bugallo en relación al plan general de ordenación municipal (PGOM) de A Estrada (Pontevedra) en la que instaba a la Xunta a garantizar la legalidad en su desarrollo y le pedía que "dejase de utilizar" sus potestades urbanísticas como "arma de presión y condicionamiento político".
Aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha levantado la suspensión cautelar del plan, Bugallo ha incidido en que quedan "lagunas sin resolver" que "amenazan" con su anulación y ha sido apoyado por BNG y AGE, cuyos portavoces en el debate, Ana Pontón y Antón Sánchez, han cuestionado la "credibilidad" del Gobierno autonómico en materia de urbanismo y han apuntado a la situación de Barreiros y Sanxenxo.
Sin embargo, los populares han rechazado la moción y el diputado popular Román Rodríguez ha ratificado su convicción de que este PGOM podrá desarrollarse "sin atrancos", en la línea de lo que expresó el Ejecutivo autonómico cuando trascendió el auto que levantaba la suspensión cautelar del documento urbanístico.
