Fernández Currás negociará "para intentar llegar a un acuerdo" que evite la interposición de un recurso de inconstitucionalidad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Xunta de Galicia defenderá el próximo martes en la comisión bilateral aceptada por el Estado que el Gobierno central "debe un total de 805 millones de euros a la Comunidad Autónoma por diversos incumplimientos del sistema financiero".
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, que encabezará la delegación, negociará en este foro "para intentar llegar a un acuerdo y evitar así la interporsición de un recurso de inconstitucionalidad", advierte el departamento autonómico en un comunicado.
El Ejecutivo gallego, que fue el que propuso el pasado mes de marzo este encuentro, reclamará al central "que cumpla los compromisos firmados hace poco más de año y medio en el nuevo modelo de financiación autonómico", explica.
Entre las partidas que solicita Galicia, se encuentra una de 228 millones de minoración de recursos que provoca el 'statu quo', a pesar de que esta cláusula se incluyó como garantía de no perder capacidad financiera con respecto al anterior modelo.
"Esta bajada de recursos supone un incumplimiento de lo pactado y significa que la comunidad percibiría más de 200 millones de euros adicionales cada año si no se implantase esta cláusula", incide Facenda.
Además, la delegación gallega solicitará los 243 millones del fondo de cooperación que "el Gobierno se niega a transferir este año", censura y añade que esto ocurre "pese a que sí lo hizo en 2010 y en 2009".
Los recursos adicionales del año pasado, correspondientes al sistema de financiación autonómico, por importe de 162,3 millones y los 171,6 por la revisión tras el incremento de tipos impositivos del IVA completan los 805 millones que reivindica Galicia.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Facenda concluye resaltando que el Ejecutivo autonómico "está actuando con responsabilidad, consciente de que no puede renunciar a estos fondos". Así, la Xunta "apostó por la vía del diálogo para negociar esta cuestión en una reunión entre representantes de ambas administraciones", afirma.
"No obstante, sino se llega a un acuerdo satisfactorio, el Gobierno gallego interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en defensa de los intereses de la comunidad", avisa.
