Xunta y municipios de más de 20.000 habitantes estarán obligados a dedicar a servicios sociales el 7% de su presupuesto

Los gallegos contarán con una tarjeta social similar a la sanitaria y Quintana destaca el "paso" hacia la creación del Estado del Bienestar SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes estarán obligados a partir de 2014 a destinar al menos el siete por ciento de sus presupuestos anuales a servicios sociales, según establece el anteproyecto de Lei de Servizos Sociais, presentado hoy por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana.

Así, el Gobierno gallego deberá, por primera vez, dedicar un mínimo de sus partidas a estas políticas, cuando, actualmente, su gasto se sitúa alrededor del 4,8 por ciento. En cuanto a los municipios de más de 20.000, ya están obligados a invertir el seis por ciento, mientras que los de menos deberán asumir una inversión del cuatro por ciento si deciden asociarse, y del seis por ciento si no lo hacen.

La norma, que la Xunta se había comprometido a enviar al Parlamento en 2007, dispone que estas obligaciones deberán ser efectivas seis años después de su entrada en vigor. De esta forma, si se cumplen las previsiones del Ejecutivo, será aprobada este año y en 2014 ya tendrán que consigar estos mínimos.

"El centro de gravedad --de la acción de gobierno-- pasa de las políticas del cemento y del asfalto a las políticas para la gente", esgrimió Quintana, que aseguró que con esta nueva norma se dará soporte al Sistema Gallego del Bienestar. En este sentido, garantizó que se podrán materializar los derechos recogidos en la Ley de Dependencia, y, por tanto, "levantar el cuarto pilar del Estado del Bienestar".

TARJETA SOCIAL.

Además, la ley, que sustituirá a la aprobada en 1993, traslada varias figuras del sistema sanitario, como la creación de un expediente social básico para cada ciudadano, que el vicepresidente comparó con la historia clínica y que servirá para que los profesionales conozcan los antecedentes de todas las personas atendidas. Se complementará con la incorporación de una tarjeta social gallega --como la tarjeta sanitaria-- y de un profesional de refenrencia para cada ciudadano, al estilo del médico de cabecera.

Asimismo, se dispone un nuevo régimen sancionador, que permite que el importe de las sanciones revierta directamente en políticas sociales. De este modo, la persona sancionada podrá destinar el montante directamente a los servicios que presta; y la Xunta, por su parte, deberá dedicar la recaudación a mejoras en esta materia. Las multas irán desde los 1.000 a los 600.000 euros, en casos muy graves.

Por otra parte, el sistema gallego de servicios sociales, definido por Quintana como "público y nacional", se basará en tres principios: su universalidad, la prevención y la responsabilidad pública. De este modo, todos los ciudadanos tendrán acceso, con carácter gratuíto, a él. No obstante, no se excluye la posibilidad de que, "cuando se justifique por razones de sostenibilidad económica", los usuarios deban pagar por alguno de los servicios, aunque estas aportaciones se determanrán bajo criterios progresivos.

VISIÓN ASISTENCIALISTA.

En este sentido, la secretaria xeral de Benestar, María Xesús Lago, señaló que se busca la "normalización" y que no se asocien las políticas de bienestar a determinados colectivos. "Todos podemos necesitar alguna vez usar estos servicios", apostilló el vicepresidente, que censuró la visión "asistencialista y obsoleta" que, a su juicio, reinó hasta hora en esta materia.

La ley, que en su elaboración ha contado con la participación de los sectores implicados, presentes en la presentación de hoy, también recoge un catálogo de servicios sociales, que los ciudadanos podrán exigir a la administración si cumplen las condiciones establecidas de acuerdo con la valoración técnica de su situación.

Por todo, Quintana interpretó esta ley como un "paso importantísimo" para lograr la construcción efectiva del Estado del Bienestar y equiparó su relevancia a la puesta en marcha, en su día, de los sistema sanitario, educativo y de pensiones. Asimismo, defendió que el Gobierno gallego cree su propia red pública y lo vinculó a una práctica del autogobierno "al servicio de la búsqueda de mayor biestar para los ciudadanos".

Además, apuntó que la actual Xunta cuenta con "credibilidad" a la hora de cumplir los objetivos marcados por ley, después del incremento de la inversión social desde la llegada del bipartito. "Galicia será pionera en la creación de dispositivos de servicios sociales", enfatizó, y concluyó su intervención reafirmando su apuesta por "políticas pensadas para la gente".