El 95 por ciento de las entidades locales de Baleares funcionaron con presupuestos prorrogados en 2010

El Tribunal de Cuentas propone que la rendición de cuentas sea un "requisito indispensable" para poder acceder a ayudas y subvenciones

PALMA DE MALLORCA / MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi la totalidad de las entidades locales de Baleares, en concreto, un 95 por ciento, funcionaron con presupuestos prorrogados durante todo o gran parte del año 2010, según se desprende del último informe del Tribunal Cuentas de Fiscalización del Sector Público Local.

En el conjunto nacional, la cifra se sitúa en que el 88 por ciento de los ayuntamientos y diputaciones provinciales funcionaron con presupuestos prorrogados de 2010, y un 1 por ciento de ellas ni siquiera llegaron a aprobar unas cuentas para dicho ejercicio, una planificación "deficiente" que acabó generando desvíos presupuestarios en buena parte de las entidades locales.

En dicho documento, remitido a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press, se analizan las cuentas del ejercicio 2010 rendidas a través de la Plataforma Web de Rendición de Cuentas y sobre la Contratación Administrativa que realizaron 13.509 entidades locales, incluidas organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles, pero sin tener en cuenta ni fundaciones de ámbito local ni sociedades mercantiles participadas por más de una entidad local por un valor agregado superior al 50 por ciento.

En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas apunta que el 26 por ciento de las entidades locales analizadas aprobaron el presupuesto de 2010 durante el primer trimestre del ejercicio, otro 23 por ciento lo hizo en el segundo trimestre, un 30 por ciento lo hizo en el tercer trimestre y el 8 por ciento restante utilizó presupuestos prorrogados durante todo el año. De éstas, un 7 por ciento aprobó las cuentas una vez finalizado 2010 pero un uno por ciento nunca lo llegó a hacer.

Por eso, recomienda que se regulen plazos de tramitación y rendición de cuentas "más breves", homogéneos para todas las entidades locales y con "criterios de transparencia y oportunidad", y propone que se promuevan las reformas legales necesarias para que "la rendición de cuentas sea considerada requisito indispensable para el acceso a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas".

"DEFICIENTE PLANIFICACIÓN"

El Tribunal aprecia también una "deficiente planificación presupuestaria y económica" por parte de las entidades locales, que modificaron de media un 40 por ciento el proyecto de presupuestos aprobado, lo que supuso un importe de 20.400 millones de euros de desvío en los ingresos con respecto a los inicialmente previstos.

Además, en 2010 los derechos reconocidos fueron superiores a las previsiones de ingresos, que se ejecutaron en un 104 por ciento, pese a que finalmente sólo se ingresó un 74 por ciento de lo previsto. A juicio del fiscalizador, esto "evidencia que las modificaciones del presupuesto de ingresos fueron muy superiores a lo necesario, cuestionando la financiación de las modificaciones de crédito aprobadas".

En lo que respecta a los gastos, las modificaciones también alcanzaron el 40 por ciento, pasando de los 50.800 millones recogidos inicialmente a los 71.100 millones aprobados en sucesivas ampliaciones. También en este caso se estima que las modificaciones fueron "muy superiores" a lo necesario, "habiéndose utilizado de forma incorrecta esta figura" al observarse una "baja ejecución" de los créditos definitivos, que se quedó en el 75 por ciento.

"El balance de situación agregado de las entidades locales, con un total pasivo de 153.500 millones y un total de activo de 150.300 millones no se encuentra equilibrado como consecuencia de la falta de equilibrio de los balances de situación de 80 entidades", añade el Tribunal de Cuentas.

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

Y si en la presentación y aprobación de Presupuestos a las entidades locales les falta agilidad, lo mismo sucede a la hora de liquidar las cuentas, algo que el 49 por ciento de las analizadas realizó fuera de los plazos estipulados. En concreto, el 48 por ciento lo hizo antes de diciembre de 2011 --según la Ley de Haciendas Locales debe sustanciarse este proceso en el primer trimestre del año-- y el 2 por ciento restante, incluso más tarde.

Además, sólo el 78 por ciento de las 8.648 entidades locales --descontadas las vascas y navarras-- rindieron cuentas, mientras que 1.511 ayuntamientos, tres diputaciones provinciales, 406 mancomunidades y doce agrupaciones de municipios nunca realizó este trámite, lo que dejar fuera al 15 por ciento de la población, presentando los municipios de menor población unos niveles inferiores.

El menor grado de rendición de cuentas se observó en Andalucía (36%), el Principado de Asturias (61%) y la Comunidad de Madrid (65%), mientras que los más altos se registraron en Galicia y Baleares (95% cada uno), y Valencia, Cataluña, Murcia, Canarias y Aragón (por encima del 90%).

Sin embargo, tan sólo el 56 por ciento de las cuentas rendidas habían sido aprobadas por el Pleno de la Corporación con anterioridad al 1 de octubre del ejercicio siguiente al que se refieren, fecha legal límite, con un retraso medio de 72 días; y únicamente el 27 por ciento fueron rendidas antes del vencimiento legal --15 de octubre--, con un retraso medio de 95 días. Reconoce que el grado de rendición de cuentas en plazo se ha incrementado respecto del 10 por ciento registrado con los presupuestos de 2009.

En el contenido de la información remitida, se concluye que se está experimentando una "progresiva mejora" pero se siguen detectando errores, principalmente en lo relativo al seguimiento y control del inmovilizado (5% de los casos), al endeudamiento (21%), a la Tesorería y a los gastos con financiación afectada. "Todavía es necesario avanzar hacia una mayor transparencia de la información contable", insta el organismo.

PERSONAL Y CONTRATACIONES

El documento dedica sendos apartados a los gastos de personal en el sector público local y a las contrataciones, señala que ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares redujeron en 10.027 efectivos sus empleados a lo largo de 2010, contando al final del ejercicio con un total de 647.488 trabajadores.

En su conjunto, el número de funcionarios se incrementó en 2.164 personas mientras que cayó el de laborales (-11.416) y el de eventuales (-775). Esto permitió que los gastos agregados de personal sumaran 15.000 millones de euros, el 28 por ciento del gasto en 2010, un 1 por ciento menos que un año antes gracias fundamentalmente a la disminución del 10 por ciento de la productividad y del 8 por ciento de las indemnizaciones, y pese al aumento del 1 por ciento en las retribuciones.

En este sentido, se subraya que el mayor aumento de las retribuciones se dio en las mancomunidades y en los ayuntamientos de entre 1.001 y 50.000 habitantes. La media de gastos de personal por habitante ascendió a 339 euros, si bien en el 37 por ciento de las entidades el dato osciló entre esa cantidad y 678 euros por habitante. En un 4 por ciento de los casos, se superó incluso esa cifra.

Respecto a la contratación administrativa, el informe critica que en "numerosos" expedientes los informes justificativos de la idoneidad y necesidad de los servicios promotores "no constan o resultan excesivamente genéricos", por lo que el gasto que conllevan no está suficientemente respaldado. Además, se ha abusado del procedimiento de urgencia y se detectan carencias en los criterios de adjudicación, que el Tribunal califica de "insuficientes y faltos de precisión".