Acusan a la UIB de incumplir la declaración sobre Gaza y de mantener contratos con empresas que blanquean el genocidio

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Jaume Carot, prou complicitat' ha acusado este miércoles a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de incumplir el acuerdo del Consejo de Gobierno de mayo de 2024 sobre Gaza y de mantener contratos, convenios y acuerdos con empresas y entidades que blanquean el genocidio en Palestina, incluso con una que es propiedad del conglomerado empresarial israelí Kahn Group.

En un comunicado, la plataforma ha recordado que en respuesta a la Acampada por Palestina, el Consejo de Gobierno de la UIB aprobó una declaración en la que se decía que la universidad no mantenía contratos con universidades, empresas o entidades israelíes y en el que se comprometía a no hacerlo en el futuro.

Sin embargo, los acampados ya aseguraron que no era cierto que la UIB no tuviera vínculos con empresas o entidades académicas relacionadas con el genocidio.

En aquel momento, el rectorado se comprometió ha tomar medidas de transparencia, creando grupos de trabajo y explorando vías más éticas de financiación.

"Un año después, ha empezado un nuevo curso y evidenciamos que todo ha quedado en un discurso vacío", han afirmado, para volver a denunciar las relaciones con empresas vinculadas con la ocupación, en referencia, por ejemplo, a un convenio por valor de 250.000 euros con el Banco Santander, a quien acusan de financiar la industria armamentística.

También se han referido al acuerdo con la Fundación Palma Aquàrium, que forma parte de la multinacional Coral World, propiedad del multimillonario israelí Morris Kahn, cercano a Netanyahu. Hay también vigente un convenio de prácticas con Remax, conocida, según la plataforma, por su actividad en los asentamientos ilegales de Cisjordania. Han señalado igualmente acuerdos en marcha con Caterpillar, denunciada por hacer negocio con demoliciones ilegales de casas palestinas.

El colectivo ha exigido a la UIB que se adhiera a todas las disposiciones de obligado cumplimiento que acordó oficialmente, y que rompa completamente todos los convenios, contratos económicos y acuerdos académicos y colaborativos con las empresas y entidades que financien o blanqueen el genocidio.