PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach acusan a la ex-presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y al ex-conseller de Turismo, Miquel Nadal, de concertarse, junto a otras ocho personas imputadas, para "beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos por valor de 240.000 euros a sociedades con las que tenían estrecha relación de propiedad, control o vinculación".
Así, en su escrito de acusación señalan que el plan para beneficiar a esas mercantiles particulares con los fondos públicos de los que "tenían poder de disposición" se hizo con "desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones públicas y evitando la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en la posibilidad de obtener subvenciones".
Además, los fiscales les acusan de haber usado "documentos oficiales esenciales en la tramitación administrativa de contenido absolutamente inveraz" y de haber presentado "documentación mercantil simulada".
"El uso de facturas falsas se realizaba para que no se conociera el verdadero destino de los fondos recibidos y, de este modo, poder engañar a los servicios de intervención o control de la administración", indican Carrau y Horrach, quienes constatan que el destino final de los fondos públicos que se entregaban era el de "beneficiar a mercantiles próximas a miembros destacados de UM".
Por ello, el Ministerio Fiscal solicita para Munar seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años por el delito de malversación continuada en concurso medial con falsedad en documento oficial y con prevaricación, mientras que también pide para ella una multa de 108.000 euros e inhabilitación para todo empleo o cargo público local, autonómico o estatal por un periodo de cuatro años por el delito de negociaciones prohibidas.
Mientras, reclama para Nadal seis años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años por el delito de malversación continuada en concurso medial con falsedad en documento oficial y con prevaricación, así como una multa de 72.000 euros e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de cuatro años por el delito de negociaciones prohibidas.
Por otro lado, la Fiscalía pide para el supuesto testaferro de Miquel Nadal en Video U, Miguel Sard, dos años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta por dos años por el delito de malversación continuada, así como una multa de 36.000 euros e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público durante seis meses por el delito de negociaciones prohibidas.
Además, solicita para Víctor Francisco García dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación absoluta durante tres años por el delito de malversación continuada, así como una multa de 36.000 euros e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de seis meses por el delito de negociaciones prohibidas.
Por otra parte, pide para uno de los responsables de Video U Miguel Oliver un año y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años por el delito de malversación continuada en concurso medial con falsedad continuada en documento mercantil, así como una multa de 36.000 euros e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de seis meses por el delito de negociaciones prohibidas.
Mientras, solicita para Luisa Almiñana y Ramón Cristóbal Rullan nueve meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años por el delito de malversación continuada en concurso medial con falsedad continuada en documento mercantil, así como una multa de 36.000 euros e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de seis meses por el delito de negociaciones prohibidas.
Por otro lado, Carrau y Horrach reclaman para Elisabeth Diéguez y el ex-director de Ona Mallorca, Alfredo Conde, tres años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años por el delito de malversación continuada en concurso medial con falsedad continuada en documento mercantil, mientras que, finalmente, piden para la ex-secretaria de Comunicación del Consell de Mallorca Margarita Sotomayor la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años por el delito de malversación continuada en concurso medial con falsedad en documento oficial y prevaricación.
Finalmente, los fiscales reclaman, junto con la apertura del juicio oral, una fianza a cada uno de los diez imputados de 320.000 euros, a fin de garantizar la devolución de lo malversado y el tercio más que señala el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
CONTROL DE VIDEO U
En su escrito de acusación, Horrach y Carrau explican que, a mediados de 2004, el ex-vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, tras consultar con Munar, decidió, conjuntamente con ésta adquirir y controlar la Sociedad de Trabajos audiovisuales Video U, que poseía a su vez un 86,67% de Bahía Difusión-Palma TV.
Con esta finalidad, según los fiscales, buscaron el concurso de personas próximas a ellos para "disfrazar su intervención en la sociedad y así poder ocultar que eran ellas las personas que ostentaban el control económico y el poder de decisión en dichas empresas".
Para ello, indican que Nadal solicitó los servicios de su gestor y amigo Miguel Sard, mientras que Munar pidió los de Víctor Francisco García González. Así, el escrito de acusación apunta que, a finales de 2004, Nadal (por persona jurídica interpuesta, que era la sociedad los Rincones de la Vega de Sotomayor que controlaba Miguel Sard) y Munar (por la persona interpuesta de Víctor García) adquirieron cada uno de ellos respectivamente el 25,23% y el 24,77% de la sociedad Video U y, por tanto, de las correspondientes participaciones de Bahía Difusión.
A través de estas dos personas, Miguel Sard y Víctor Francisco García, que se prestaron voluntariamente a ello, se articuló la compra de ese 50% de las participaciones sociales de Video U, que fueron adquiridas por un precio de 300.000 euros en efectivo que Munar facilitó a Miguel Nadal.
Los fiscales señalan que con estos fondos que Nadal utilizó, Miguel Sard (utilizando su sociedad y por mandato de Nadal) y Víctor García (en representación de Munar) compraron un total del 50% de Video U, operación que fue formalizada el 22 de Noviembre de 2004 ante notario.
Mientras, el Ministerio Fiscal argumenta que quienes eran socios de Video U, Miguel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Cristóbal Rullán aceptaron vender dicho porcentaje a los representantes de Nadal y Munar, al tiempo que vendieron un 10% de la sociedad a otras personas que no se ha acreditado que estuvieran en connivencia con los acusados.
Por ello, Luisa Almiñana y Ramón Rullán dejaron de tener mayoría en esta sociedad y en la controlada por ésta, Bahía Difusión-Palma TV, aunque siguieron siendo socios minoritarios de estas sociedades, al tiempo que Miguel Oliver siguió vinculado y dirigiendo de hecho las empresas.
Respecto a la subvención para 'Temps d'Esport, los fiscales revelan que Munar y Nadal participaron en diversos actos administrativos relativos a dos subvenciones en favor de Video U para este espacio radiofónico.
"Una vez que estas dos personas ya habían conseguido el control mayoritario de Video U, intervinieron de manera ilegal, otorgándole fondos públicos sin justificación alguna", asegura la Fiscalía.
"Munar y Nadal tenían pleno conocimiento de la incompatibilidad legal, de ahí que buscaran el uso de testaferros que ocultara su verdadera participación en la sociedad", apuntan Carrau y Horrach, quienes indican que, por esta razón, y pese a conocer la incompatibilidad legal en la que incurrían por ser socios ocultos de Video U y de Bahía Difusión, "decidieron intervenir en la votación y órdenes de pago a favor de Video U en dos subvenciones en 2004 y 2005".
