PALMA DE MALLORCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma declaró hoy visto para sentencia el juicio por el caso Son Banya contra los 26 acusados de la causa, en torno a las presuntas retenciones ilegales por parte de miembros del clan de 'La Paca' que siguieron en febrero de 2006 a un robo de dinero en el poblado y a la supuesta trama urdida por el ex inspector de Atracos de la Policía Nacional, José Gómez 'Pepote', para exculparles a cambio de un beneficio económico.
Los procesados se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco y los 28,5 años de prisión. En concreto, sobre la matriarca del clan, Francisca Cortés, 'La Paca', pesa la mayor de las penas de prisión, mientras que para su hermano Isidro 'El Moreno' se solicitan 25 años. Cabe recordar que Nicoletta Valeria Soltesz está declarada en rebeldía y se encuentra en paradero desconocido, al tiempo que la Fiscalía retiró la acusación que recaía sobre Pedro Cortés y ha pedido la absolución de Francisco Fernández 'El Chirri'.
Tras dos semanas de vista oral, en la que han comparecido cerca de una treintena de testigos, el presidente del tribunal, Eduardo Calderón, señaló el final del juicio justo después de que 'La Paca' se valiese de su derecho a la última palabra para afirmar que pagó 100 millones de pesetas a Gómez y aseverar que "si hubiese una máquina de la verdad, metería la mano".
"Yo no tengo ningún Ferrari", afirmó por su parte uno de sus hijos, Francisco Tomás Fernández 'El Ico', en referencia a un comentario que había realizado el abogado Eduardo Valdivia -defensor de la acusada María de los Ángeles Calderón-, quien había manifestado durante la exposición de los informes finales que en Son Banya "vivirán en chabolas pero hay un buen parking de vehículos, y de hecho 'El Ico' se pasea en Ferrari".
A lo largo de la mañana intervinieron los letrados -a excepción del de 'La Paca', Carlos Portalo, que lo hizo ayer- y entre ellos, Pau Mas, defensor de 'Pepote', aseveró durante su discurso que la intención de la matriarca era "fichar un 'camello' con placa", por lo que negó que Gómez pretendiese presionarla para evitar que ella y sus allegados fuesen a la cárcel, ya que "no está en manos de mi cliente decretar prisión con o sin fianza, por lo que no hay nada que reprocharle respecto a su actuación policial".
En referencia a la declaración que realizó en el juicio el ex jefe de Estupefacientes de la Policía, Antonio Suárez -que aseguró que conoció la presunta implicación de Gómez cuando 'La Guapi' le habló de sus "extrosiones", recriminó que se trata de un "simple testigo de referencia que no sabe absolutamente nada, y es que mucho ruido pero pocas nueces". Sobre Suárez recriminó que "ni siquiera fue capaz de que le fiaran la grabación bajo ningún concepto" -en relación a la que realizaron 'La Guapi' y su madre mientras hablaban con 'Pepote'-.
En cuanto a la denuncia que interpuso Ignacio Durand, presunta víctima de las agresiones del clan, Mas consideró que "se ha sobredimensionado en cuanto a la gravedad de los hechos y el número de personas participantes", al tiempo que, en cuanto al delito de cohecho que se le imputa, el ex inspector "no negoció en absoluto junto a su compañera sentimental, 'La Paca' y sus letrados". Así, manifestó que la matriarca "se avino a pagar porque tenía mala conciencia y no quería que los denunciantes se constituyeran como acusación particular".
Por su parte, el letrado Eduardo Valdivia recriminó que "en pura lógica aristotélica no se ha acusado a quien ha reconocido haber cobrado al menos 100.000 euros. ¿Qué locura es ésta?", espetó el abogado en referencia a Durand, respecto a quien "no se habla de blanqueo de capitales y resulta que un personaje nuclear del proceso comparece como testigo".
"Se está construyendo todo sobre una hipótesis falsa, una trampa en la que se sitúa a Gómez como perceptor del dinero en Son Banya, algo que no es cierto", prosiguió Valdivia. En cuanto a Suárez, aseveró que hasta noviembre de 2006 no tuvo la grabación en sus manos y hasta entonces "dio por buena la versión que en barbecho le hace 'La Guapi'". En cuanto a su defendida, manifestó que, tal y como ya declaró López Calderón, negoció junto a los ex abogados de 'La Paca', Catalina Pou y gaspar Oliver, las indemnizaciones de los paraguayos.
Una versión, la de la letrada, que "no ha sido desmentida por nadie", tal y como agregó el abogado, quien se preguntó así "¿qué delito ha cometido?". "López percibió 300.000 euros para sus clientes", incidió en este sentido, respecto a lo cual aseveró que "si ha cometido un delito por blanqueo de capitales, se produciría también cada vez que se admiten fianzas carcelarias sin comprobar el origen del dinero". "O todos moros o todos cristianos", apostilló.
ROBO DEL DINERO
Previamente habían intervenido los abogados de los también acusados Bruno Gálvez, Manuel Escamilla, Vicente Ruíz y José Luis Gil. Así, el letrado Jaime Ques (Escamilla) afirmó que "como mucho pudo haber actuado en calidad de cómplice" en el robo del dinero, y señaló que no queda acreditada su participación en su localización. "Entró en escena en un lugar ajeno al poblado, para ayudar a Bruno y Nicoletta para salir de allí", manifestó el abogado, que consideró que "su actuación ni siquiera era necesaria para salir del poblado".
Asimismo, "actuó cuando los hechos ya se habían consumado", una actuación que "debería ser considerada similar a la de Vicente Ruíz y José Luis Gil, y no como autor del robo", toda vez que aseveró que "lo evidente es que era toxicómano y consumía estupefacientes para hacer frente al sindrome de abstinencia que padecía entonces", por lo que el hecho de que viviese en los aledaños del poblado "era para ver si caia algo". Solicitó así la libertad de su defendido.
En el turno de Marta Rossell, abogada de Ruíz, recordó que en condición de taxista acudió al poblado y que la relación con Bruno y Nicoletta era profesional, de modo que se ha visto involucrado en un hurto "del que no tiene nada que ver". "En ningún momento tuvo conocimiento de lo que había pasado allí", recalcó la letrada, quien señaló que "no hay pruebas de que fuese llamado a cambio de obtener parte del botín".
"Ni siquiera bajó del coche cuando dejó a Bruno y Nicoletta en Santa Ponça, por lo que no sabe lo que se le metió en el taxi", agregó Rossell, señalando además que el alquiler de una caja fuerte fue uno de los actos de servicio más, "no de ocultación", a la que hace referencia la Fiscalía. Así, se refirió a la "elucubración mental sin pruebas" del fiscal. "No hay ningún tipo de dolo ni hechos acreditados", remarcó.
Mientras tanto, José Luis Navas, encargado de la defensa de José Luis Gil, afirmó que "en ningún momento sabía del origen del dinero y fue un cómplice involuntario. Cuando tuvo conocimiento de los hechos se presentó en la Guardia Civil". "Se vio envuelto en circunstancias no previstas por un delito que él no quería", incidió.
En total, además de 'La Paca' y 'El Moreno, los demás acusados son Alejandro Cortés (se le piden ahora 7,5 años de cárcel), Carlos Óscar Cortés 'El Charli' (5), Francisco Fernández Cortés 'El Chirri' (libre absolución), Francisco Pulet 'El Tarta' (9,5), Francisco Tomás Fernández 'El Ico' (7,5), Josefa Moreno (7,5), José Cortés 'Joselete El Sordo' (7,5), José Fernández Cortés (7,5), José Pedro Fernández 'El Evangelio' (9,5) y Juan Diego Fernández (7,5).
También Juan Cortés 'El Loco' (17,5), Manuel Santiago Ruíz (7,5), Manuela Cortés (9,5), Manuela Fernández 'La Guapi' (7,5) Rosario Vargas (7,5), Tamara Cortés (9,5), Vicente Cortés (7,5), Bruno Gálvez (7 años, igual que antes), Manuel Escamilla (7), Vicente Ruíz (7), José Luis Gil (7), José Gómez (11 y medio), María de los Ángeles López Calderón (12) y Roberto Valinotti (5,5).